La parálisis de la Rúa Milagrosa: un verano más para resarcir una calle herida

Una arteria urbana secuestrada por el desencuentro

Hay calles que parecen resistirse a ser arregladas. La Rúa Milagrosa, en el corazón de Lugo, lleva tanto tiempo en obras que ya forma parte del paisaje cotidiano de los lucenses como un elemento más de la ciudad, casi tan familiar como la muralla. Lo que comenzó como un proyecto de peatonalización acaba convertido en un caso de manual sobre cómo la gestión municipal y los conflictos contractuales pueden paralizar un espacio público durante meses, con el coste que ello supone para comerciantes, residentes y transeúntes.

La calle lleva abierta al público desde el verano pasado, pero la obra como tal permanece suspendida desde diciembre. Medio año de paralización que refleja un problema que va más allá de una simple Rúa Milagrosa: el de los proyectos urbanos que nacen lastrados por un planteamiento insuficiente y que luego deben ser recompuestos sobre la marcha, siempre a un precio superior al inicialmente previsto.

El saneamiento que no estaba en el plan

El origen de buena parte de los problemas hunde sus raíces en una cuestión tan básica como fundamental: el alcantarillado. Los vecinos venían reclamando desde hacía tiempo la sustitución completa de una red que ocasionaba problemas de manera recurrente, obligando a intervenciones municipales de urgencia con cierta asiduidad. Sin embargo, el proyecto original de peatonalización no contemplaba esa actuación de manera integral.

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Aquí se plantea una de las grandes paradojas de la planificación urbana: cuando se acomete la reforma de una vía sin abordar previamente las infraestructuras subterráneas, se corre el riesgo de tener que levantar el pavimento recién colocado para actuar sobre conducciones deficientes. Es lo que en lenguaje técnico se conoce como «obras derivadas» y lo que, en la práctica, se traduce en sobrecostes y retrasos que el contribuyente acaba asumiendo.

Un contrato roto que el Consello Consultivo recompuso

El anterior equipo de gobierno intentó zanjar el conflicto con la empresa adjudicataria, Urbaconsa, rescindiendo unilateralmente el contrato. El argumento esgrimido entonces fue la falta de respuesta a los requerimientos municipales y el escaso porcentaje de obra ejecutada. La medida, sin embargo, no prosperó. El Consello Consultivo de Galicia falló a favor de la empresa constructora, señalando, entre otras cuestiones, que la rescisión se había acordado antes de que concluyera el plazo contractual para la ejecución de los trabajos.

Este episodio ilustra una dinámica que no es exclusiva de Lugo ni de esta calle en particular. En numerosos municipios gallegos, los litigios entre administraciones locales y contratistas han acabado en los tribunales consultivos o en instancias judiciales, con el resultado casi siempre de un periodo de parálisis prolongado y un encarecimiento inevitable de las partidas presupuestarias. La falta de previsión técnica en los pliegos iniciales y la rigidez de los procedimientos de contratación pública configuran un escenario en el que cualquier discrepancia se convierte en un cuello de botella difícil de deshacer.

Un encarecimiento del 30% y la urgencia de cerrar

Tras semanas de negociaciones con la empresa y con los departamentos técnicos y económicos del Concello, el actual gobierno local ha confirmado que modificará el proyecto para incorporar de una vez el saneamiento integral. La consecuencia es previsible pero no por ello menos dolorosa: un incremento mínimo del 30% sobre el presupuesto inicial, que ascendía a 409.005 euros más IVA cuando se licitó en 2025.

La cifra, en sí misma, invita a la reflexión. Un sobrecoste de esa magnitud no se limita a encarecer una obra concreta: consume recursos que podrían destinarse a otras necesidades urbanas. En una ciudad como Lugo, con demandas pendientes en múltiples

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