El fallo de EE. UU. que abre la veda a embargos: cómo afecta a las energías renovables en Galicia

Una sombra jurídica inesperada se cierne ahora mismo sobre el futuro de las energías limpias en nuestro país. Lo cierto es que un reciente y contundente fallo de los tribunales estadounidenses ha abierto la veda para que diversos fondos de inversión internacionales puedan ejecutar embargos sobre bienes y activos españoles en el exterior. Esta decisión nace directamente de la contumaz negativa del Estado a abonar las millonarias indemnizaciones dictaminadas en distintos arbitrajes internacionales tras la polémica reducción retroactiva de las primas energéticas. Un auténtico terremoto legal que hace temblar los cimientos del sector.

El impacto directo en la terra y el tejido industrial

Galicia no es una región cualquiera en este complejo mapa energético. Nuestra comunidad autónoma lidera de largo la producción limpia, concentrando actualmente más del 22 % de toda la potencia eólica instalada en España, un porcentaje clave que duplica con creces la media de otras comunidades del sur. De hecho, la amenaza de estos embargos transoceánicos se cierne sobre activos estratégicos, y las principales empresas gallegas del sector miran con justificada preocupación hacia el horizonte financiero. Las grandes promotoras eólicas y la intensa red de pymes auxiliares de la terra dependen enormemente de la seguridad jurídica para poder operar.

Ahora bien, el problema real no radica únicamente en que el Estado vea congeladas sus cuentas o sus participaciones en el extranjero. El verdadero riesgo para nuestra industria es el gélido mensaje que esta deriva legal lanza a los mercados internacionales. Un sector que requiere inyectar miles de millones para cumplir con los objetivos climáticos no puede permitirse ser percibido como un territorio de alto riesgo. «Si se permite que los demandantes persigan activos corporativos en el exterior, el coste de financiación de los parques gallegos se disparará inevitablemente», advierte un alto directivo de una multinacional energética con fuerte arraigo en A Coruña.

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Inseguridad jurídica y frío en las inversiones

Cabe recordar que la amarga herencia de aquella famosa reforma energética de 2013 todavía nos persigue con fuerza. Un portavoz de uno de los principales clústeres empresariales de la comunidad lo explicaba hace unos días con cierta retranca, señalando que no se puede pretender liderar la transición ecológica europea si los socios internacionales nos ven como compañeros de baile poco fiables. La inseguridad jurídica actúa siempre como el peor enemigo imaginable para la llegada de capital fresco a las comarcas del interior y de toda la costa gallega.

Las empresas gallegas que exportan tecnología o gestionan infraestructuras allá donde van, se enfrentan ahora a la pesadilla de sufrir retenciones en sus cuentas a causa de un conflicto que no provocaron.

Esta situación de extrema vulnerabilidad provoca una parálisis bastante evidente en muchas juntas de administración. Los nuevos proyectos de parques que ya estaban sobre la mesa en Lugo, Ourense o Pontevedra podrían sufrir retrasos significativos mientras se resuelve este galimatías judicial en los juzgados de Nueva York y Washington. La morriña por unas políticas pasadas que asfixiaron al sector parece volver de nuevo, pero esta vez revestida de demandas internacionales cruzadas que amenazan con lastrar la competitividad de nuestras empresas más punteras en el exterior.

Un pulso judicial con consecuencias directas

El Ejecutivo central se está preparando a marchas forzadas para una auténtica batalla campal en los tribunales norteamericanos. Se enfrentan a reclamaciones que superan ya los 7.000 millones de euros, una astronómica cantidad que es capaz de desequilibrar de un plumazo cualquier arcón público estatal. Los abogados del Estado intentarán por todos los medios bloquear estas medidas cautelares argumentando inmunidad soberana, pero el camino se vislumbra excesivamente largo y pedregoso.

Mientras tanto, en nuestras tierras, la incertidumbre se palpa en las conversaciones diarias de los pasillos empresariales. Si la justicia estadounidense termina facilitando el embargo masivo de participaciones públicas o de empresas con capital estatal, el contagio hacia la travesía de la iniciativa privada parece casi inevitable. Para que Galicia siga siendo el indiscutible motor verde de España, necesitamos urgentemente certezas legales, no frentes de batalla abiertos a miles de kilómetros de nuestra casa.