El ladrillo fantasma de Barreiros: el Concello derribará seis chalés ilegales en San Pedro

La justicia ha ordenado la demolición de seis viviendas en la parroquia de San Pedro de Benquerencia, en el concello lucense de Barreiros. Una decisión tardía que llega más de una década después de que los tribunales declarasen nula la licencia de construcción. Las obras de derribo, ya licitadas, supondrán un importante desembolso para las arcas municipales.

Pocas veces el lento engranaje de la burocracia estatal y autonómica sorprende con episodios tan paradójicos. Todo comenzó a principios de siglo, cuando una corporación municipal anterior, gobernada por el Partido Popular, decidió autorizar la segregación de una finca en pleno corazón de la Mariña Lucense. Sobre aquella parcelación, más tarde declarada nula de pleno derecho, se levantaron seis chalés destinados a segunda residencia. Conviene recordar que la impugnación llegó de la mano de la administración autonómica, lo que desencadenó un largo proceso judicial. A pesar del contencioso abierto en su día, las obras no se paralizaron. Los muros continuaron subiendo y, finalmente, las viviendas se terminaron y pasaron al mercado inmobiliario, vendiéndose a terceros de buena fe.

Esas segundas residencias fueron declaradas ilegales en una sentencia firme dictada en el año 2012. Sin embargo, el requerimiento judicial para proceder a su derribo efectivo ha tardado en aterrizar en el registro municipal. Un lapso de tiempo desproporcionado que ha dejado a los propietarios en un limbo legal insostenible. Ahora, el juzgado ha sido tajante al señalar que no se permiten más dilaciones. Demasiado tiempo de incertidumbre para algo que ya estaba sentenciado.

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Una factura millonaria para el erario público

El gobierno local se encuentra actualmente entre la espada y la pared. La regidora municipal ha tenido que asumir el peso de una resolución judicial ineludible, reconociendo que no hay otra alternativa más que cumplir estrictamente con el mandato del juzgado. Ejecutar la sentencia implica licitar unas obras de demolición cuyo presupuesto asciende a la nada despreciable cifra de 343.657 euros. El plazo fijado para reducir a escombros estas viviendas es de seis meses.

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A nadie se le escapa la crudeza del dato. Trescientos cuarenta y tres mil euros de dinero público destinados a destruir viviendas que el propio consistorio permitió construir en su día. Un desfase económico que invita a la reflexión sobre el control urbanístico en la Galicia rural y costera. Lo cierto es que este desembolso llega en una etapa especialmente sensible para el municipio. La zona intenta despertar del largo letargo del crack inmobiliario, tratando de reactivar promociones de viviendas que quedaron a medias tras la explosión de la burbuja. Mientras se busca cómo terminar casas sin acabar, el ayuntamiento tiene que sacar fondos de donde sea para demoler estas seis propiedades malditas.

El calvario de los compradores de buena fe

¿Qué ocurre con quienes compraron estos chalés creyendo que todo estaba en regla? El escenario pinta desolador. Adquirieron una segunda residencia en una de las zonas más codiciadas del litoral gallego, probablemente como inversión familiar o para disfrutar de los veranos en las playas de Barreiros. Se encontraron años después con que su inversión carecía de legalidad, que su propiedad no existía a efectos urbanísticos y que, finalmente, sería arrasada por la maquinaria municipal.

Condenados a ver cómo se esfuma su patrimonio sin que, aparentemente, existan responsabilidades políticas claras por parte de quienes aprobaron los permisos. Los gobernantes locales de hace dos décadas hace tiempo que abandonaron la escena pública o pasaron a un discreto segundo plano. El legado de aquellos años de fiebre del ladrillo es este: litigios interminables, bolsillos vaciados y un paisaje de A Mariña que porta cicatrices imborrables. La ley tarda, pero al final impone su criterio, aunque sea a base de picos y palas.