Hay deudas ambientales que no figuran en ninguna contabilidad porque llevan décadas enterradas. Bajo aceras, carreteras y fincas de media España siguen en servicio kilómetros de tuberías fabricadas con fibrocemento, un material que en su día pareció la solución definitiva para llevar agua a los hogares y que hoy se ha convertido en un hallazgo indeseado cada vez que una excavadora lo encuentra. Lo sucedido en Sanxenxo lo ilustra con una crudeza poco habitual: unos trabajos destinados a mejorar un servicio básico acabaron arrastrando sedimentos hasta un espacio natural protegido y han dejado a cuatro personas con responsabilidades técnicas y de dirección empresarial bajo investigación penal.
El origen del expediente está en un aviso recibido por el sistema de emergencias: barros aparecían en un pequeño arroyo que desagua en el arenal de Montalvo. Efectivos del Seprona se personaron en la zona y comprobaron que los sedimentos procedían del punto exacto donde se actuaba sobre las conducciones de agua potable. Las comprobaciones posteriores revelaron que, durante la intervención, una tubería veterana de fibrocemento había acabado partida y seccionada. Los análisis de esos fragmentos ofrecieron el resultado que nadie quería leer: presencia de amianto, con fibras de crocidolita entre ellas. La Guardia Civil atribuye a los investigados presuntos delitos medioambientales y una segunda vía relacionada con la seguridad laboral.
Fibrocemento: la herencia incómoda del siglo XX
Los archivos de cualquier concejalía de aguas guardan planos de redes tendidas en los años del desarrollismo, cuando el fibrocemento —cemento reforzado con fibras de amianto— dominaba el mercado por su bajo coste y su facilidad de montaje. Su comercialización está vetada en España desde hace más de dos décadas, pero la prohibición no retiró lo ya instalado: solo aplazó el problema hasta la próxima zanja.
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Conoce más →La normativa es clara cuando esa zanja llega: manipular materiales con amianto exige empresas habilitadas, planes de trabajo aprobados, humectación para que las fibras no vuelen, embalaje hermético y entrega en vertederos autorizados. Seccionar una conducción de este tipo sin tales cautelas equivale a abrir una caja de partículas invisibles y extremadamente agresivas. Que en Montalvo apareciera crocidolita —la variedad conocida como amianto azul, considerada de las más nocivas— añade gravedad a lo que ya era de por sí grave.
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Ver planes de email →Un arenal protegido en el punto de impacto
El destino de esos barros no era un desagüe cualquiera. El curso de agua afectado vierte en un espacio integrado en la red europea Natura 2000, el entramado de zonas de valor natural que la Unión Europea obliga a conservar. Montalvo y su entorno funcionan como refugio de cría para la píllara de las dunas, un pequeño ave costero catalogada como vulnerable en el listado gallego de fauna amenazada, cuya estrategia reproductiva —pone sus huevos en la propia arena— la vuelve especialmente frágil ante cualquier alteración del terreno.
Aquí reside la paradoja más incómoda del caso: el presunto daño ecológico se habría producido, precisamente, en uno de esos lugares por los que existen las figuras de protección. Un episodio de lodos en un área de nidificación no es una molestia menor; es exactamente el tipo de agresión que la legislación europea intenta impedir. Y conviene no olvidar el contexto: Sanxenxo es uno de los grandes destinos turísticos de Galicia y su economía depende del estado de sus paisajes. Degradar el capital natural de un arenal emblemático de las Rías Baixas es, también, un pésimo negocio.
La otra cara: quienes manejaron el material
El expediente no se ciñe al daño ecológico. La investigación se extiende al ámbito laboral y examina si se respetaron las garantías exigibles al intervenir una conducción peligrosa. Fragmentar fibrocemento libera fibras microscópicas que, una vez inha
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