La Audiencia de Pontevedra rechaza que el acusado del fratricidio de Lavadores cumpra prisión atenuada en casa de su hijo

Un vecino de Lavadores, en Vigo, acusado de matar a su hermana de 71 años durante un brote psicótico en el domicilio familiar de la calle Curros en abril de 2024, pretendía salir de prisión y mudarse a una vivienda alquilada por su hijo mientras esperaba la celebración del juicio con jurado. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dicho no. Y los motivos de la negativa dicen mucho sobre los límites de la llamada prisión provisional atenuada.

Dos años en la enfermería de A Lama

El procesado permanece en prisión provisional desde hace más de dos años. No en un módulo ordinario, sino ingresado en la enfermería del penal pontevedrés de A Lama, consecuencia directa de la enfermedad psiquiátrica que padece y que, según la acusación, estaba en el origen del brote que acabó con la vida de su hermana. Conviene recordar el momento procesal: cuando se cumplieron los dos años de arresto, la Fiscalía solicitó una nueva prórroga del encarcelamiento, y la defensa reaccionó con una alternativa concreta.

Esa alternativa pasaba por una prisión provisional atenuada en el domicilio designado por el hijo del acusado. La vivienda, alquilada por este último, se ofrecía como lugar de convivencia entre padre e hijo durante la espera del juicio. La argumentación de la defensa se apoyaba en dos pilares: el actual estado de salud del interno, que a su juicio haría inviable cualquier riesgo de fuga, y la ausencia de peligro de reiteración delictiva.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

El fallo: un lazo familiar congelado desde hace más de una década

Ahí está la clave del rechazo judicial. La Audiencia Provincial ha denegado la petición y, para ello, ha esgrimido un dato revelador: el hijo del acusado no convive con su padre desde hace doce años. Ese distanciamiento prolongado resta solidez, a juicio del tribunal, al proyecto de convivencia que se planteaba como alternativa al ingreso penitenciario.

No es menor el segundo argumento. El domicilio propuesto, según recoge la resolución, no contaría ni con medidas de vigilancia ni con dispositivos terapéuticos adecuados para un enfermo psiquiátrico que atraviesa una causa por homicidio. Dicho de otro modo: la casa del hijo no reúne las condiciones de control y asistencia que la ley exige cuando se sustituye la celda por el domicilio familiar. La figura de la prisión atenuada existe, pero no como un salvoconducto; exige garantías.

El crimen que conmocionó la parroquia

Los hechos que sustancian la causa se remontan a abril de 2024, cuando la hermana del procesado, de 71 años, fue hallada muerta en la casa familiar de la calle Curros, en la parroquia viguesa de Lavadores. La investigación apuntó desde el primer momento a un brote psicótico del hermano como desencadenante de la agresión mortal. Aquel suceso, por su naturaleza fratricida y por el perfil sanitario del presunto autor, marcó a la vecindad de la zona y abrió un debate incómodo: el de la atención a los enfermos mentales graves cuando el sistema sanitario no llega a tiempo.

Desde entonces, el caso ha avanzado por los cauces ordinarios hasta desembocar en la fase previa a un juicio con jurado, la fórmula procesal reservada en España para los delitos contra las personas de mayor gravedad. La vista preliminar de ese juicio ya ha tenido lugar, y queda pendiente la celebración del juicio oral propiamente dicho.

Prisión atenuada: una salida con condiciones estrictas

La figura jurídica invocada por la defensa permite, en determinados supuestos, que un interno grave o incurable cumpla la medida cautelar fuera del centro penitenciario. Pero la jurisprudencia la ha acotado con exigencias: acreditación del estado de salud, un entorno capaz de garantizar la asistencia que el preso necesita y, cuando procede, mecanismos de control. El tribunal pontevedrés ha entendido que, en este caso, el vínculo roto durante doce años y la carencia de soporte terapéutico en el domicilio frustran esos requisitos.