El robo de 40 euros que deja a oscuras una ciudad entera

Por cuarenta euros de cobre, los ladrones dejaron esta semana sin luz el parque de O Posío, el gran pulmón verde de Ourense. La cifra es casi cómica si no fuera por lo que revela: hay una economía del saqueo que opera bajo nuestras calles, robando el metal más barato de la ciudad y cobrando el precio más alto en seguridad, servicios y dinero público. El alcantarillazo, que volvió a actuar en O Porriño, ya no es una anécdota policial: es un síntoma.

El modus operandi es conocido: levantan una tapa de alcantarilla, cortan tramos de cable de cobre y lo venden como chatarra. El material robado vale pocas decenas de euros; repararlo cuesta miles. Un robo de veinte minutos puede dejar sin alumbrado un parque, una calle o un polígono durante días, con el riesgo que supone la oscuridad improvisada en pleno agosto, cuando los parques se llenan hasta la madrugada. La aritmética del delito es tan absurda como demoledora: el ladrón gana una miseria, el chatarrero que compra sin preguntar gana un poco más, y la ciudad entera paga la factura.

Ahí está el corazón del problema. El alcantarillazo no prospera por la audacia de los ladrones, sino por la existencia de un mercado de destino complaciente: recintos de chatarra que aceptan cable con funda, tramos de catenaria o rollos recién cortados sin exigir procedencia, sin identificar al vendedor, sin comunicación telemática con la Guardia Civil. Donde no hay comprador cómplice, no hay robo rentable. Es tan simple como incómodo: durante años se ha tratado el tema como un problema de vigilancia —más cámaras, más patrullas— cuando el eslabón vulnerable, y el más barato de regular, está a la vista de todos.

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Las administraciones gallegas tampoco han hecho los deberes. El cobre crítico —el que alimenta alumbrado, semáforos y telecomunicaciones— apenas está catalogado ni protegido en la mayoría de los concellos. Se sabotea la propia red con diseños de hace décadas: arquetas sin cerradura, tapas que se levantan con una palanca, cableado accesible desde la vía. Cada ayuntamiento improvisa su respuesta cuando el problema es estructural y transversal: lo que roban en Ourense hoy se vende en la misma ruta por la que se lava el cobre robado en Vigo o A Coruña mañana.

Las soluciones existen y no son caras. Primera: endurecer el control del sector de la chatarra, con identificación obligatoria del vendedor, registro telemático de cada operación y una lista de materiales de admisión prohibida, como el cable con funda, que casi nunca tiene procedencia legítima. Segunda: proteger físicamente lo que se sabe que roban —cierres en arquetas, cableado menos accesible, sensores de corte que avisen en tiempo real—, porque la prevención cuesta menos que una semana a oscuras. Tercera: tratar estos robos como lo que son, delitos contra la seguridad colectiva y no ratería de subsistencia, con fiscalía especializada en su seguimiento.

Nada de esto ocurrirá mientras el alcantarillazo se siga contando como sucedido pintoresco entre las noticias del día. Cuarenta euros que dejan un parque a oscuras no son una curiosidad: son la medida exacta de lo que cuesta la indolencia institucional. La próxima vez que una banda deje un barrio sin semáforos, recordemos que lo más caro del robo no estaba en el cable.

El cobre se vende una vez; la confianza en que la ciudad funciona, se malvende cada vez que miramos hacia otro lado.