El gobierno local de Santiago de Compostela ha marcado este viernes distancias con Fly2Galicia, la aerolínea que hace apenas unos días anunció su llegada al aeropuerto de Lavacolla para operar vuelos chárter desde diciembre. La regidora nacionalista ha retirado su respaldo al proyecto después de que se conocieran los nexos de la compañía con intereses y capital israelíes, sumados a las dudas sobre la viabilidad misma de la firma.
De la bienvenida al enfriamiento en menos de una semana
Pocas veces un proyecto cambia de estatus tan rápido. El domingo, la compañía presentaba en rueda de prensa su plan de desembarco en el aeródromo compostelano, con ocho destinos nacionales e internacionales previstos en modalidad chárter. Hoy, la alcaldesa de Santiago, del BNG, se ha apartado expresamente de la iniciativa.
No es menor el dato: el anuncio inicial contó con repercusión institucional y mediática en la ciudad, que lleva años reivindicando mejores conexiones aéreas. Conviene recordar que Lavacolla arrastra una caída persistente de rutas y que cualquier promesa de nuevos vuelos se recibe en Compostela casi con alivio. Ahí está, quizás, la clave de que nadie hiciera preguntas incómodas el primer día.
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Conoce más →Lo cierto es que las dudas se acumularon con rapidez. Primero fueron los interrogantes sobre la solidez y viabilidad de la empresa. Después llegó la revelación que ha terminado de torcer la relación: la conexión de la operadora con intereses y capital israelíes, un extremo especialmente sensible en el actual contexto internacional y en una ciudad con una fuerte tradición de movilización por la causa palestina.
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Ver servidores VPS →Sumar apunta a una red de exmilitares israelíes
La formación Sumar ha sido quien ha puesto el foco sobre los vínculos de la compañía. Según ha denunciado, la firma estaría conectada con una operadora de vuelos organizados por una red integrada por militares que fueron miembros de servicios de inteligencia israelíes. La coalición exige que Fly2Galicia explique esa conexión de forma pública y clara.
La acusación, de confirmarse, situaría al aeródromo compostelano en el mapa de unos intereses bien alejados de la promoción turística gallega que se vendió en el anuncio del domingo. De momento, no consta que la compañía haya ofrecido una respuesta pública detallada a estas revelaciones.
El PP pregunta qué comprobó el Concello
Mientras tanto, la oposición ya ha sacado la calculadora. El portavoz popular en el Concello de Santiago ha llevado la cuestión al pleno y ha preguntado al gobierno local si comprobó la viabilidad de la empresa después de varios meses ayudando a facilitar su desembarco en la ciudad. La advertencia es doble: si el Concello no hizo comprobaciones, negligencia; si las hizo y aun así respaldó el proyecto, responsabilidad política.
Demasiado tiempo apostando por un caballo sin revisar sus patas. El interrogante popular apunta a una cuestión que trasciende el caso concreto: ¿qué protocolos de diligencia aplica el gobierno compostelano —y por extensión, cualquier administración gallega— cuando una empresa extranjera promete inversión y empleo? Que un anuncio de esta envergadura se derrumbe en cinco días sugiere que la respuesta, hoy por hoy, es preocupantemente débil.
Lavacolla, entre la necesidad de rutas y la prudencia
A nadie se le escapa el trasfondo económico. El aeropuerto de Santiago necesita carrete como casi ningún otro de Galicia, y la tentación de agarrarse a cualquier promesa es comprensible. Pero la prisa por celebrar puede salir cara, y no solo en imagen: hay dinero público municipal implicado en labores de facilitación, además del prestigio institucional de una alcaldesa que ahora corrige el rumbo a toda velocidad.
El giro de este viernes deja varias asignaturas pendientes. Falta saber qué responde la compañía a las denuncias de Sumar, falta que el gobierno local explique qué sabía y cuándo lo supo
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