Santiago de Compostela recaudó este año millones con las multas de tráfico, y la cifra invita a una pregunta incómoda: ¿los radares son hoy una herramienta de seguridad vial o un cajero automático con trípode? La duda no es retórica. Cuando la recaudación sancionadora se convierte en partida presupuestaria relevante, el incentivo ya no es que la gente cumpla: es que la gente siga incumpliendo. Y esa inversión de objetivos corrompe la propia idea de la educación vial.
Empecemos por lo que nadie discute: el exceso de velocidad mata, y los tramos con radar ven disminuir sus siniestros. La doctrina está clara y los datos la respaldan. El problema empieza cuando el radar se instala no donde más accidentes hay, sino donde más coches pasan; cuando la multiplicación de controles coincide con el agujero de un presupuesto; cuando el ayuntamiento celebra —internamente, se entiende— un récord de recaudación. La seguridad vial funciona con multas que se perciben como justas. La recaudación funciona con multas que se perciben, y punto.
La transparencia es la primera víctima de esta confusión. ¿Dónde están los radares de Santiago y por qué están ahí? ¿Cuántos accidentes había en esos tramos antes de la instalación? ¿Qué porcentaje de lo recaudado vuelve a inversión en seguridad vial y qué parte va a caja general? Preguntas simples, respuestas inexistentes o dispersas. Un ayuntamiento seguro de que sus radares salvan vidas tendría esos datos enmarcados en la web municipal. Su ausencia dice más que cualquier atestado.
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Conoce más →Hay un segundo efecto corrosivo, más sutil: la ciudadanía deja de ver la norma como protección y pasa a verla como trampa. El conductor que frena bruscamente al ver la señal del radar —creando el riesgo que se pretendía evitar—, el vecino que conoce la ubicación y el turista que no, la multa que llega por correo tres semanas después de haber vuelto a casa: todo ello erosiona la legitimidad de la norma. Y una norma sin legitimidad no educa: solo recauda mientras pueda.
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Buscar dominio →La solución no es eliminar los radares, que sería demagogia simétrica. Es blindar su finalidad con reglas claras: instalación priorizada por siniestralidad documentada y auditada, señalización honesta, publicación trimestral de ubicaciones, ingresos y su destino, y un compromiso de que lo recaudado se destine íntegramente a seguridad vial y movilidad sostenible —no a tapar agujeros de otra partida. Si el radar salva vidas, que lo demuestre con datos. Si solo factura, que alguien tenga la decencia de decirlo y discutirlo en pleno, como se discute cualquier tasa.
Galicia mira con recelo creciente a los ayuntamientos que confunden gobernar con facturar. Santiago, además, es la vitrina por la que pasan millones de visitantes: lo que hace con sus radares lo ven peregrinos de todo el planeta con una multa en el buzón al volver a casa. La reputación de una ciudad también se construye con la experiencia de quien la atraviesa en coche.
Una multa justa enseña; una multa cajera solo cobra. La diferencia está en los datos, y los datos —hoy— no están. Pedirlos no es anticonformismo: es lo mínimo que debe exigir un contribuyente a quien le multan.
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