Cuando un conductor atraviesa Conxo o O Restollal y ve el destello del cinemómetro, rara vez se pregunta quién cobra además de la Administración. La respuesta, en el caso de Santiago de Compostela, involucra a una empresa externa que percibe un porcentaje de lo recaudado por sanciones. Con la puesta en marcha de nuevos radares fijos en la ciudad, ese flujo de ingresos privados está llamado a crecer, según ha revelado La Voz de Galicia.
Un sistema que incentiva a multar
El modelo no es exclusivo de la capital compostelana: buena parte de los cinemómetros instalados en vías urbanas y autonómicas gallegas se gestionan mediante contratos con operadoras privadas que reciben una parte de cada multa. En el caso que ocupa esta información, la comisión asciende al 20 % de los ingresos por sanciones, tal y como avanza el medio gallego en su edición de Santiago.
Esta arquitectura retributiva plantea una pregunta incómoda: ¿puede un sistema cuyo beneficio privado depende del volumen de multas ser plenamente neutro en su finalidad? La experiencia comparada sugiere prudencia. En otros países europeos se han documentado casos de contratos con incentivos ligados a la recaudación que acabaron revisados por los tribunales o por los defensores del pueblo, al entenderse que la seguridad vial quedaba subordinada al negocio.
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Nadie discute seriamente que los radares salvan vidas. La evidencia internacional es contundente: la velocidad es un factor determinante en la gravedad de los accidentes, y los tramos con control automático registran reducciones notables de siniestralidad. El problema no es el instrumento, sino el diseño del incentivo.
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Ver planes de hosting →Cuando el Estado —o, en este caso, el Concello de Santiago desde Raxoi— delega la explotación de un radar en una empresa que cobra por multa interpuesta, crea una estructura donde el operador tiene interés económico directo en que haya más infracciones, no menos. Es la inversión exacta del objetivo declarado de la política de tráfico.
El éxito de un radar debería medirse por la caída de la siniestralidad, no por el número de sanciones que genera.
El radar de la SC-20, el más activo
Según la información de La Voz, el cinemómetro instalado en la SC-20 a su paso por Conxo —en dirección sur— encabeza el ranking de dispositivos sancionadores de la ciudad. La activación de nuevos puntos de control fijos en esa misma zona y en O Restillal ampliará la capacidad de vigilancia automática del municipio.
Para la empresa gestora, cada nuevo aparato representa, en la práctica, una ampliación de su cartera de ingresos futuros. Para las arcas municipales, la ecuación también es favorable: el 80 % restante de lo recaudado engorda los presupuestos sin necesidad de subir impuestos. Es un esquema fiscalmente seductor y, precisamente por eso, políticamente difícil de revisar.
Transparencia: la asignatura pendiente
Los defensores de este modelo suelen señalar, con razón, que sin la participación privada muchos ayuntamientos no podrían costear la tecnología. Pero el contrapeso natural de esa colaboración debería ser una rendición de cuentas exhaustiva: cuántas multas genera cada radar, con qué criterio se eligen los puntos, y qué evaluación independiente existe sobre su efecto real en la accidentalidad.
Esa información no siempre llega al ciudadano con la claridad deseable. Conviene recordar que la Dirección General de Tráfico mantiene mapas públicos de radares, pero los datos de recaudación por dispositivo y los contratos de explotación suelen requerir solicitudes de transparencia específicas, cuando no acaban en litigio.
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