La guerra del maíz: jabalíes, cosechas rotas y un campo que paga la factura solo

Los agricultores de O Corgo han hecho pública una cifra que debería escandalizar a cualquiera que crea que la comida sale del supermercado: los jabalíes arruinan ya el 10% de las fincas de maíz de la zona. Uno de cada diez euros sembrados no lo cosecha el campesino: se lo come, lo pisa o lo arranca el suido. Y la pregunta que nadie quiere responder es simple: ¿quién paga esa factura? La respuesta vigente —el propio agricultor, y que se aguante— es una forma silenciosa de liquidar el rural que decimos proteger.

El fenómeno no es nuevo, pero se ha acelerado. La población de jabalí en Galicia lleva años creciendo sin depredadores naturales, con inviernos cada vez más suaves y monte abandonado que les sirve de refugio y despensa. El resultado es un animal inteligente, oportunista y en plena expansión demográfica que ha descubierto que una finca de maíz es un banquete servido. Las primeras líneas de defensa —vallas eléctricas, permisos de caza, batidas— funcionan mal, tarde y a costa del bolsillo del perjudicado.

Aquí está el nudo del asunto: el jabalí es patrimonio natural y su gestión corresponde a la Administración, pero sus daños los soporta un particular. Si una obra pública arrasa tu finca, hay expropiación y compensación. Si la fauna protegida —o simplemente abundante— se come tu cosecha, te toca reclamar por vía administrativa con informes periciales, plazos de meses y una indemnización que, si llega, llega tarde y corta. La Xunta tiene líneas de compensación por daños de fauna, pero son lentas, opacas y a menudo insuficientes. Un sistema que obliga al agricultor a ejercer de perito, abogado y inspector de su propia ruina es un sistema diseñado para que abandone.

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Y hay algo más profundo: la incoherencia. Galicia presume de producto local, de despensa, de agroalimentario de calidad —el maíz, base de la ganadería y de la tierra— mientras deja que la producción se deteriore por inacción. No se puede vender turismo rural y paisaje agrícola con una mano y mirar hacia otro lado con la otra mientras el paisaje deja de ser productivo y el productor deja de existir. La España vaciada no solo se vacía de personas: se vacía de renta, y cada finca abandonada por plaga de jabalíes es una victoria del matorral sobre el cultivo.

Las soluciones existen y son conocidas. Primera: gestión poblacional seria —censos fiables, planes de batida coordinados, aprovechamiento cinegético con precio y control sanitario— en vez de la coyuntura de cada temporada. Segunda: prevención subvencionada de verdad, con vallas caninas y eléctricas financiadas al 100% en zonas calientes, no ayudas testimoniales que no cubren ni el material. Tercera: compensación rápida y automática de daños acreditados, con indemnización en meses, no en años. Cuarta: datos públicos —mapas de daños y de población— para que el debate deje de ser una lucha de impresiones entre ecologistas y agrarios.

Nadie pide exterminar al jabalí, que forma parte de nuestro monte y de nuestra fauna. Se pide dejar de fingir que su explosión demográfica no tiene coste, y que ese coste lo paga siempre el mismo: el último agricultor que quedaba en la parroquia. Si Galicia quiere campo vivo, tiene que empezar por proteger a quien lo siembra. Hoy lo estamos dejando solo, rodeado de maíz roto y de burocracia.

El 10% de la cosecha ya no es un daño: es una decisión política. Y las decisiones, a diferencia de los jabalíes, tienen dueño.

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