Cuatro años de batalla judicial pueden estar llegando a un punto de inflexión. Un trabajador de la hostelería de Lugo, que denunció a su jefe por verterle aceite caliente en la espalda y por meses de humillaciones en el trabajo, ha conseguido que la Audiencia Provincial ordene retomar las diligencias contra el hostelero al apreciar indicios de un posible acoso laboral. Un giro notable en un expediente que parecía condenado al olvido.
De la cocina al juzgado
Los hechos se remontan al 12 de diciembre de 2022. Aquel día, el trabajador denunció ante el juzgado de Instrucción número 3 de Lugo una relación laboral que, a su juicio, había cruzado todas las líneas. No solo el episodio del aceite caliente en la espalda, que él atribuye a un acto deliberado. También insultos habituales, desvalorización constante de su trabajo delante de los compañeros y presiones para que abandonara el puesto.
La lista de secuelas que describió tampoco es menor: ansiedad, miedo, aislamiento. Síntomas que, según su relato, se fueron instalando en su día a día a medida que la convivencia laboral se deterioraba. Demasiada angustia para un sueldo.
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Conoce más →Un episodio reconocido, pero con dos versiones
Lo cierto es que la quemadura existe y el hostelero no la negó. Su defensa del episodio fue otra: un accidente laboral fortuito, propio de la dinámica de una cocina, sin más intención que la de un golpe de calor mal calculado entre fogones. La diferencia entre ambas versiones —intención contra casualidad— es precisamente lo que los tribunales han tardado cuatro años en decidir si merece un examen a fondo.
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Ver planes de email →El primer intento judicial no fue favorable al trabajador. Un auto del 18 de septiembre de 2024 redujo los hechos a un delito leve, después de que las diligencias iniciales se hubieran abierto valorando posibles delitos de lesiones, amenazas, acoso laboral y contra la integridad moral. Es decir: del delito grave posible al delito leve, casi sin escalas.
El recurso que cambió el rumbo
Ahí está la clave del giro. El abogado del denunciante recurrió el auto y sostuvo que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva porque no explicaba las razones de esa transformación del procedimiento. En el recurso, el letrado defendía que existían indicios compatibles con todos los delitos denunciados e incluso con posibles ilícitos en materia de prevención de riesgos laborales, y criticó que el juzgado hubiera minimizado los hechos reconduciéndolos de forma indebida.
La apelación funcionó. La Audiencia Provincial ha venido a decir que el caso merece más que una calificación de delito leve y ha ordenado que las diligencias continúen su curso, reabriendo una puerta que muchos daban cerrada.
Cuatro años de papeleo
Conviene recordar la cronología, porque dice mucho del problema. Diciembre de 2022, denuncia. Septiembre de 2024, auto que reduce los hechos. Casi dos años después, reapertura. Cuatro años de vida en los que el trabajador ha visto cómo su caso pasaba por varias jurisdicciones y cómo, en cada trámite, parecía diluirse un poco más.
El caso de Lugo no es, probablemente, un caso aislado. Los conflictos laborales en el sector de la hostelería —con precariedad, jerarquías difusas y relaciones de poder muy desiguales entre propietario y empleado— suelen resolverse fuera de los tribunales o, directamente, no resolverse. Que un trabajador aguante cuatro años de procedimientos para que alguien examine si lo que le ocurrió fue un accidente o un acoso dice bastante de lo cuesta arriba que resulta este tipo de reclamaciones.
Queda ahora por ver adónde lleva la instrucción reabierta: si las pruebas terminan de dibujar un patrón de acoso o si la versión del accidente se impone. Pero la pregunta que el caso deja sobre la mesa es otra: ¿cuántos trabajadores habrían abandonado el camino en el primer auto desfavorable? Que este llegó hasta aquí es, en sí mismo, una noticia.
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