¿Qué ocurre cuando dos de las mayores eléctricas del país, habitualmente rivales en el mercado, deciden sentarse en la misma mesa? Que nace una sociedad como A Senra Infraestructura, constituida en marzo y con sede en Santiago, cuyo objetivo declarado es conseguir de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil la concesión para explotar un caudal de 75.000 litros por segundo en los ríos Sil y Edrada.
El proyecto ha salido a la luz esta semana porque el organismo de cuenca ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el arranque de un procedimiento de información pública y competencia de proyectos. Eso significa, en la práctica, que la puerta queda abierta: durante un mes, cualquier otra empresa interesada puede acudir con propuestas alternativas para el mismo aprovechamiento hidráulico.
Competir y cooperar a la vez
La paradoja de estas alianzas entre competidores es uno de los rasgos más interesantes del caso. Naturgy e Iberdrola disputan cuotas en electricidad y gas, pero comparten intereses cuando se trata de desplegar infraestructuras de gran escala. El almacenamiento hidroeléctrico —bombas que elevan agua y turbinas que la devuelven generando electricidad— es una de las piezas clave de la transición energética, y exige inversiones tan elevadas que a veces solo se justifican a cuatro manos.
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Conoce más →La documentación societaria refleja ese equilibrio de fuerzas. Al frente de la joint venture figura un directivo del área de desarrollo de negocio hidroeléctrico de Iberdrola, mientras que la vicepresidencia recae en el responsable de desarrollo renovable en España de Naturgy, acompañado por una jurídica de la filial renovable de esta última. El consejo se reparte al cincuenta por ciento entre ambas, dos consejeros por compañía. Con 3.000 euros de capital social, la cifra indica con claridad que se trata de un vehículo instrumental en fase embrionaria, no de una operación cerrada.
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El detalle relevante para el interés público no es tanto quién firma los estatutos, sino el procedimiento que ahora se abre. Los aprovechamientos de agua para generación eléctrica son bienes de dominio público, y la ley prevé que cuando varios proyectos concurren por un mismo recurso, la administración de cuenca resuelva mediante competencia. Ese mes de exposición pública es, por tanto, una ventana real: otras energéticas podrían plantear sus propias iniciativas sobre el mismo tramo, y la decisión final dependerá de los criterios técnicos que valore la Confederación.
El contexto más amplio invita a la cautela interpretativa. La apuesta por nuevos embalses y almacenamiento vuelve periódicamente a la agenda gallega, especialmente ligada a los debates sobre gestión hídrica y sequía, y cada proyecto de estas características suele activar el debate entre la necesidad de flexibilidad eléctrica y el impacto sobre los cauces, los usos tradicionales del agua y el territorio. En el caso del Sil, caudal ya intensamente regulado y protagonista de paisajes emblemáticos como los de la zona de Parada de Sil, esa tensión no es menor.
Lo que aún está por ver
Conviene subrayar que la iniciativa se encuentra en un estadio inicial: no hay proyecto constructivo aprobado, ni calendario, ni financiación articulada que se conozca. Solo existe una sociedad recién creada y un anuncio que inicia el cauce administrativo. Todo lo demás —alcance exacto de la instalación, inversión, plazos, efectos sobre el entorno— quedará supeditado a lo que se presente y se resuelva en el procedimiento.
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