¿Cuánto vale el paisaje de la Ribeira Sacra? Esa es, en el fondo, la pregunta que subyace al conflicto que comienza a tomar forma en torno al proyecto de almacenamiento de energía impulsado por la joint venture A Senra Infraestrutura, sociedad creada por Naturgy e Iberdrola para explotar un caudal de 75.000 litros por segundo en los ríos Sil y Edrada, a su paso por el concello ourensano de Parada de Sil.
La primera respuesta ha llegado desde el ámbito académico y jurídico. La Plataforma de Investigadores Ambientales y Doctores en Derecho Público, liderada por un abogado, ha registrado alegaciones ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en las que pide paralizar tanto la tramitación de la concesión como la presentación de alternativas del proyecto.
Un Bien de Interés Cultural en el punto de mira
El argumento central de la oposición no es meramente ambiental. El colectivo sostiene que las obras y sus infraestructuras asociadas generarían una alteración profunda y difícilmente reversible de la morfología, el paisaje y los valores culturales de una zona con la máxima categoría de protección patrimonial: la Ribeira Sacra ostenta la condición de Bien de Interés Cultural.
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Conoce más →Ese reconocimiento, según las alegaciones, no es un mero trámite decorativo. Cualquier procedimiento que afecte a un BIC exige un informe previo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, con carácter preceptivo y vinculante. El colectivo advierte de que, de saltarse ese requisito, el expediente incurriría en nulidad de pleno derecho.
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El caso ilustra una tensión cada vez más habitual en la transición energética. Los sistemas de almacenamiento, imprescindibles para equilibrar una red dominada por renovables, exigen infraestructuras de gran impacto territorial. Y cuando esas infraestructuras se plantean en paisajes con siglos de intervención humana y un enorme valor identitario, el conflicto parece casi inevitable.
La alianza entre las dos grandes eléctricas del país para compartir el proyecto revela, además, la magnitud de la apuesta: no se trata de una operación menor, sino de una inversión estructural cuyo encaje jurídico y territorial aún está por demostrar. Para la plataforma opositora, las incompatibilidades son patrimoniales, ambientales, paisajísticas y jurídicas a la vez; para los promotores, el potencial del caudal del Sil parece justificar el intento.
La pelota está ahora en el tejado de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que deberá decidir cómo prosigue —o no— la tramitación. Su respuesta marcará el tono de un debate que, todo apunta, no hará más que repetirse en otros enclaves protegidos de Galicia a medida que aceleren los proyectos energéticos.
Lo ocurrido en Parada de Sil deja una lección clara: el respaldo institucional y la lógica empresarial no bastan si el territorio y su protección legal no acompañan. La Ribeira Sacra ya demostró su capacidad de movilización en otras batallas; esta podría ser la siguiente.
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