Un juicio con una silla vacía: el atropello de San Cibrao das Viñas llega a la vista oral sin su víctima

Cuando el pasado verano de 2023 una mujer fue arrollada por una motocicleta en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas, difícilmente podía imaginar que su caso acabaría convertido en uno de esos expedientes judiciales que dicen más sobre las grietas del sistema que sobre el hecho en sí. Tres años después, el asunto está llamado a llegar al banquillo: la vista oral quedó señalada para el próximo 23 de febrero, después de que la audiencia preliminar celebrada en la Sección Penal de Ourense cerrara la puerta a un final negociado.

El intento de conformidad entre las partes no prosperó. Con ese fracaso, el caso pasará por el cauce ordinario, con todas las incertidumbres que ello conlleva. Y son muchas, porque el relato que ha llegado hasta aquí acumula elementos poco habituales: una moto presuntamente sustraída, un conductor sin permiso de conducir, una conducta posterior que oscila entre la ocultación y el arrepentimiento, y una resolución del Ministerio Público que decidió no imputar delito alguno por el atropello.

Una instrucción con decisiones cuanto menos discutibles

Repasemos los hechos tal como han trascendido. El conductor, careciendo de carné, circulaba presuntamente con una motocicleta robada cuando impactó contra la peatona. Tras el golpe, escondió el vehículo y —este es quizá el matiz que humaniza un expediente por lo demás oscuro— prestó auxilio a la víctima. Semanas más tarde acabó confesando su implicación.

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Sin embargo, la conclusión de la instrucción apunta en una dirección que a primera vista resulta contraintuitiva: ni la sustracción ni el arrollamiento han derivado en una imputación por delito grave relacionado con el accidente. La razón, según apuntó la Guardia Civil, estaría en la propia conducta de la víctima: caminaba por el centro de la calzada y sin chaleco reflectante, circunstancias que llevaron a descartar la existencia de una negligencia grave en el origen del siniestro.

¿Dónde queda la responsabilidad de quien circulaba sin carné y con una moto ajena?

Aquí se abre el debate de fondo. Que un peatón circule de noche sin elementos reflectantes y por un lugar inadecuado puede efectivamente modular la responsabilidad del conductor en sede penal. El Código Penal exige, para apreciar delitos contra la seguridad vial o de imprudencia grave, un componente de desatención relevante por parte de quien conduce. Pero ¿es irrelevante que quien iba a los mandos careciera de autorización y se desplazara sobre un vehículo que no le pertenecía?

La respuesta judicial, de momento, parece ser que sí lo es a efectos del atropello, aunque el caso sigue vivo por otras vías. Que exista juicio oral significa que alguna imputación subsiste —la sustracción del vehículo, la ausencia de permiso o ambas—, pero el asunto central, el daño causado a una persona que tuvo que someterse a cirugías traumatológicas complejas, se ha quedado sin traducción penal.

Es un patrón que los operadores jurídicos conocen bien: la frontera entre la imprudencia punible y el infortunio se dibuja con frecuencia en agravantes comparadas. Si la víctima asumió un riesgo elevado al caminar sin visibilidad por el eje de la vía, el tribunal puede concluir que el nexo de atribución se debilita, por mucho que el conductor partiera ya de una posición irregular. El problema es que esa lógica penalista choca frontalmente con la intuición ciudadana de la justicia: alguien murió —aunque años después y por otras causas— tras un encuentro con una moto robada conducida sin carné, y nadie responde por ello.

La ausencia que lo marca todo

Hay, además, un elemento que priva al proceso de cualquier cierre emocional posible. La mujer arrollada falleció en junio de 2025, a los 56 años, por dolencias ajenas al accidente. No llegó a ver sentado en el banquillo a quien la arrolló, ni a conocer la decisión fiscal que desactivó la vía penal del atropello. Su familia deberá seguir un jui