Wolframio y dudas: el proyecto minero de Pentes se tambalea desde la cúpula

Cuando una empresa que promete cientos de puestos de trabajo en una comarca con población decreciente empieza a perder piezas en su dirección, la pregunta no es solo corporativa: es territorial. Eso es lo que ocurre estos días en A Gudiña, donde el proyecto de wolframio de Pentes, impulsado por la compañía Eurobattery Minerals, atraviesa una crisis de gobernanza que obliga a replantearse hasta qué punto las cifras de empleo anunciadas pueden sostenerse sobre tan frágiles cimientos.

Una dirección en descomposición

El cuadro es inusualmente severo para una empresa cotizada. Su consejero delegado carga con una condena por fraude dictada en España, el presidente del consejo de administración ha dejado su cargo y la firma ha visto cómo se marchaba también su asesor bursátil. Para rematar el escenario, las acciones permanecen suspendidas de negociación, un indicador de que los mercados no saben qué hacer con la compañía mientras esta no aclare su situación.

Que el máximo responsable ejecutivo de la empresa que dirige un proyecto minero estratégico para una comarca rural esté condenado por un delito económico no es un mero detalle biográfico: plantea interrogantes legítimos sobre la solvencia y la transparencia del promotor, y sobre la diligencia con la que se ha supervisado un proyecto de tanto impacto local.

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Las 130 promesas: ¿papel mojado?

El proyecto contemplaba la creación de unos 130 empleos directos, a los que se sumaría un centenar de puestos indirectos una vez alcanzado el pleno rendimiento. Para una zona como A Gudiña, situada en una de las comarcas más despobladas de Ourense, semejante previsión equivale a una revolución demográfica y económica. Precisamente por eso, el anuncio había generado expectativas considerables entre vecinos e instituciones.

Ahora bien, las promesas de empleo minero tienen en Galicia un historial que invita a la prudencia. Los grandes proyectos extractivos suelen presentarse con cifras optimistas que luego el mercado de materias primas, los trámites administrativos o la propia viabilidad técnica se encargan de ajustar a la baja. El caso de Pentes añade un factor menos habitual: la crisis no proviene de la geología ni de la administración, sino del interior de la propia empresa.

Sin paralización formal, pero sin certezas

Hasta el momento, la compañía no ha comunicado la paralización de la explotación ni la suspensión de las inversiones comprometidas. Es un matiz relevante: el proyecto sigue, sobre el papel, en marcha, y la coyuntura llega cuando la explotación avanzaba hacia su puesta en funcionamiento. Pero la ausencia de anuncios negativos tampoco equivale a garantías, y la combinación de una cúpula diezmada con una cotización suspendida rara vez precede a una estabilización inmediata.

Ellos sabrán. Lo cierto es que la crisis pone sobre la mesa una cuestión que trasciende al caso concreto: ¿qué mecanismos de control existen para que las promesas de empleo que condicionan decisiones locales —licencias, expectativas vecinales, posicionamientos institucionales— respalden proyectos dirigidos por personas con condenas por fraude? La diligencia debida no debería terminar con la firma de un permiso.

Lecciones para el territorio

A Gudiña necesita inversión real, no titulares. Y para distinguir entre ambas cosas, la comarca tendría que poder confiar en que la supervisión de estos proyectos —por parte de administraciones, reguladores bursátiles y la propia empresa— funcione. La situación actual sugiere lo contrario.

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