La Fiscalía ha abierto diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la alcaldesa de Vilarino de Conso (Ourense), Melisa Macía, tras la denuncia presentada por el portavoz del BNG en el municipio, Domingo Domínguez. El inicio de la investigación fue anunciado el 11 de marzo de 2026 y tiene su foco en supuestas irregularidades en la contratación menor y en el exceso de pagos que superarían los límites legales establecidos. La causa se tramita en el Juzgado de A Pobra de Trives, donde estaba prevista la comparecencia de la regidora y de la secretaria municipal antes de que la magistrada decidiera suspenderla. Según la parte denunciante, los hechos habrían comprometido el control interno del consistorio y la correcta aplicación de la normativa de contratación.

La declaración prevista para este miércoles en los juzgados de A Pobra de Trives no llegó a celebrarse, ya que la magistrada acordó suspender la comparecencia y fijar una nueva fecha en los próximos días. La alcaldesa ha reiterado ante los medios su voluntad de colaborar con la investigación y de aportar la documentación que acredite la legalidad de su gestión. La secretaria municipal, que figuraba entre las personas citadas, había emitido informes y reparos internos advirtiendo de prácticas que podrían vulnerar la normativa. El aplazamiento deja abiertas las diligencias mientras la Fiscalía reúne la documentación y decide el alcance de la investigación.

La denuncia de Domínguez se apoya en reparos e informes de la secretaría del Ayuntamiento, que según su relato alertaron de manera reiterada sobre un uso indebido de la contratación menor. El portavoz nacionalista sostiene que se abonaron numerosas facturas que excedían el tope legal permitido para este procedimiento y que, pese a esas advertencias, la alcaldesa habría levantado los reparos y autorizado los pagos. La controversia gira en torno a si esas decisiones se adoptaron con conocimiento de su irregularidad o responden a una interpretación distinta de la ley en el contexto local. Esos reproches internos fueron el motor que llevó al BNG a presentar la denuncia ante la Fiscalía.

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Desde su defensa pública, la regidora ha señalado que el epicentro del conflicto es el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) y que las decisiones adoptadas perseguían garantizar la continuidad de un servicio esencial para personas dependientes. Macía arguye que la obligación impuesta por la Ley de Dependencia obligaba al municipio a prestar esa asistencia y que suspenderla habría dejado a usuarios sin atención. En ese sentido, la alcaldesa ha insistido en que actuó para mantener prestaciones básicas y proteger a colectivos vulnerables, si bien admite que la gestión ha provocado reparos administrativos.

La cronología aportada por el portavoz del BNG remonta los problemas a varios meses atrás y sitúa en marzo de 2024 un intento formal de corregir las deficiencias detectadas. En aquel pleno, Domínguez presentó una moción para subsanar las irregularidades consignadas en el informe de control interno elaborado por la secretaría, y según su versión la iniciativa contó con el respaldo de todos los concejales del grupo popular. La votación favorable del grupo municipal del PP generó entonces expectativas de que se resolverían las observaciones internas, pero los denunciantes aseguran que las prácticas cuestionables continuaron. Esa persistencia justificó, a juicio del BNG, la elevación del asunto a la Fiscalía.

La apertura de diligencias previas por parte del Ministerio Público implica el inicio de una fase indagatoria en la que se recabarán pruebas, testimonios y documentación para determinar si procede la apertura de una causa penal. El delito de prevaricación administrativa contempla sanciones para autoridades o funcionarios que dictan resoluciones injustas a sabiendas de su ilegalidad, pero la investigación preliminar no presume culpabilidad. Expertos consultados en casos semejantes recuerdan que en municipios de pequeño tamaño las tensiones entre la necesidad de garantizar servicios y el respeto estricto de los procedimientos administrativos suelen ser motivo recurrente de conflicto jurídico y político.

El caso ha puesto en evidencia la frágil intersección entre control interno y gestión de servicios sociales en un ayuntamiento rural, donde la presión por mantener prestaciones puede chocar con los límites que impone la normativa de contratación. La existencia de reparos por parte de la secretaria municipal y la posterior autorización de pagos por parte de la alcaldía serán elementos clave para que la Fiscalía valore si hubo una conducta deliberada. También lo será la documentación que la alcaldesa promete aportar, que según ella acreditará la necesidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para sostener el SAF.

A la espera de que se fije la nueva fecha para la comparecencia, la tramitación de las diligencias marcará los próximos pasos procesales y políticos en Vilarino de Conso. La alcaldesa mantiene su disposición a defender su gestión y a colaborar con la investigación, mientras que el BNG reclama que el procedimiento arroje claridad sobre las prácticas de contratación en el municipio. Más allá del caso particular, la investigación plantea un debate sobre cómo compatibilizar la protección de colectivos vulnerables con el cumplimiento estricto de los límites legales en la contratación pública local.