Tres hombres se sentaron este martes en el Penal 1 de Ourense acusados de integrar una trama para matricular y vender en España tres turismos presuntamente sustraídos en Portugal entre 2020 y 2021. El juicio, que se inició con la declaración de peritos y testigos, se suspendió por la ausencia de varias testificaciones y se retomará el 10 de abril, cuando está previsto que declaren los imputados. La Fiscalía reclama para ellos dos años y medio de prisión y una multa por falsedad documental en un procedimiento que, según la investigación, aprovechaba lagunas en los registros transfronterizos. Los vehículos en cuestión eran dos BMW y un Mercedes que, según el sumario, fueron nacionalizados y vendidos en territorio gallego.

Según la acusación, la operación se basaba en una cadena de intermediarios que facilitaban la llegada de coches procedentes de arrendamientos en Portugal que dejaban de pagarse antes de figurar como sustraídos. En varios casos, los automóviles eran matriculados en nombre de empresas y particulares en España con documentación que, según la Fiscalía, no se correspondía con la realidad de las transacciones. El procedimiento llegó a los juzgados ourensanos tras una investigación de tráfico que atribuye a los encausados la puesta en circulación de esos turismos.

La Fiscalía solicita para los procesados, a los que imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil, la pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 1.800 euros. El ministerio público sostiene que, para poder inscribir los vehículos en el registro español, se aportaron facturas y papeles comerciales que no respondían a la verdadera naturaleza de las operaciones. La investigación valora la continuidad de la conducta y la intervención de varias personas en la cadena de compraventa como elementos agravantes.

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En el banquillo quedaron identificados como presuntos miembros de la trama Antonio P.H., propietario de una empresa compradora, Eduardo D.G., señalado como intermediario entre Portugal y España, y Óscar Manuel P.O., quien supuestamente gestionó las matriculaciones desde una gestoría. Ninguno de los tres declaró en la primera sesión, puesto que sus defensas solicitaron que prestasen testimonio en último lugar; por ello, su intervención está prevista para la próxima sesión del juicio. La Fiscalía pretende demostrar que cada uno cumplió un rol definido en el circuito que permitió ocultar el origen real de los vehículos.

Un trabajador de la empresa de Antonio compareció en la vista y relató que realizaron consultas sobre los turismos y que, inicialmente, no figuraban incidencias en los registros que manejaron. Según su testimonio, los coches fueron ofrecidos por Eduardo y las transferencias del pago se hicieron a cuentas bancarias indicadas por éste. El empleado describió además un episodio en el que, durante el traslado de un vehículo hacia Madrid, la Guardia Civil —el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT)— estaba esperando por el turismo, lo que alertó a la empresa de que algo no iba bien.

Ante esa señal, explicaron al tribunal que contactaron con Eduardo, quien les aseguró que no existía problema con la documentación. Los defensores han insistido en que en el mercado de vehículos importados es habitual la existencia de intermediarios y que los titulares que figuran en algunos papeles no siempre coinciden con quienes venden físicamente los automóviles. Un perito propuesto por la defensa señaló en sala que esta discrepancia documental es frecuente en coches que proceden del extranjero y no implica, por sí sola, una conducta delictiva.

Por su parte, agentes que participaron en la investigación detallaron la mecánica que, según su hipótesis, seguía la red: localizar turismos contratados en renting a nombre de terceros, suspender los pagos para que el arrendador no reclamase de inmediato y trasladar los vehículos a España antes de que constara la sustracción. Los investigadores subrayaron que muchas empresas de renting no denuncian la pérdida de inmediato, lo que permitía a los implicados aprovechar una ventana temporal para matricular y vender.

La vista quedó interrumpida tras las declaraciones de los peritos por la falta de varios testigos considerados clave por las partes, lo que obligó a aplazar la continuación del juicio. El próximo día 10 de abril está previsto que comparezcan en el tribunal los tres imputados y se valoren nuevas evidencias y atestados para determinar la responsabilidad penal. Dependiendo del curso de las declaraciones, la Fiscalía podría solicitar medidas complementarias o revisar su calificación.

El caso se enmarca en una serie de causas en las que se investigan redes que operan con vehículos transfronterizos y que han generado recientemente otras resoluciones judiciales en la provincia. La sentencia y las resoluciones que se adopten tras la vista reanudarán el foco sobre la regulación y los controles administrativos que permiten detectar y frenar este tipo de prácticas entre países vecinos.