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AP-9: pacto en Madrid para transferir su titularidad a Galicia

AP 9: pacto en Madrid para transferir su titularidad a Galicia

PSOE, BNG y Sumar han cerrado un acuerdo en el Congreso que desbloquea la ley para transferir a la Xunta la titularidad de la AP-9, una vieja reivindicación del Parlamento gallego. El pacto, sellado este lunes 25 de mayo, establece que el Estado seguirá asumiendo las bonificaciones y obras previstas, mientras la Xunta cargará con los costes de todas las decisiones que adopte tras el traspaso. La ponencia que debe validar el texto se reúne este martes, y las fuentes consultadas dan por hecho el visto bueno.

Los detalles del acuerdo

El texto pactado a través de enmiendas incluye un objetivo claro: «la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión». Fuentes de las tres formaciones confirman que el Gobierno de Sánchez respalda el contenido, aunque el PP, ausente del pacto, se ha mostrado dispuesto a apoyarlo si se mantiene «leal» a la ley aprobada por la Cámara autonómica. La proposición de ley orgánica recoge que la Administración General del Estado y la Xunta elevarán una propuesta a la Comisión Mixta de Transferencia, que se aprobará mediante real decreto.

Entre las funciones que pasarán a la Xunta están la autorización de nuevos tramos, la supervisión de la concesión y la potestad sancionadora sobre la concesionaria. También se abordarán los términos para modificar el régimen económico-financiero, especialmente en lo relativo a tarifas, peajes y programas de descuento. La clave económica es que el Estado conserva las obligaciones derivadas de modificaciones adoptadas bajo su competencia, mientras la Xunta asume íntegramente cualquier nuevo coste que promueva una vez efectivo el traspaso.

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Un largo camino hacia la transferencia

Conviene recordar que la demanda de transferir la AP-9 lleva años sobre la mesa. El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una ley que reclamaba el traspaso de la gestión y la titularidad, pero el anterior Gobierno central se mostró reticente. Lo cierto es que este pacto supone un giro sustancial: los socialistas habían presentado inicialmente una enmienda que evitaba la titularidad, pero la presión del BNG y Sumar logró incluirla. «A nadie se le escapa que la autopista es estratégica para Galicia —señalan fuentes municipales—, pero el diablo está en los detalles económicos».

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El PP gallego, liderado por Alfonso Rueda, no garantiza aún su apoyo. El presidente de la Xunta ha dado a entender que el pacto «rebaja» la ley gallega, aunque fuentes del partido admiten que votarán a favor si el texto respeta lo aprobado en Santiago. La incertidumbre sobre quién asumirá el déficit de explotación o las revisiones de tarifas planea sobre el debate. Basta con mirar los precedentes de otras autopistas rescatadas: las cuentas no siempre salen a favor de la administración receptora.

Próximos pasos y retos económicos

Una vez validado por la ponencia, el proyecto continuará su tramitación en las Cortes hasta que la comisión bilateral negocie los términos exactos. Los plazos no son cortos: el real decreto que materialice el traspaso podría tardar meses. Mientras, la concesionaria de la AP-9 sigue operando bajo las condiciones actuales. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ya ha instado a la Xunta a «negociar la gratuidad» de la autopista, un extremo que el pacto no recoge y que dependerá de las decisiones que adopte el gobierno autonómico.

Las repercusiones económicas son el punto más delicado. La Xunta deberá asumir el coste de cualquier rebaja de peajes o ampliación de descuentos que promueva. Ahí está la clave: si Galicia quiere una AP-9 más barata, tendrá que pagarla. Las fuentes consultadas por Europa Press insisten en que las bonificaciones actuales (como los descuentos a residentes o transportistas) seguirán corriendo a cargo del Estado hasta que expire el plazo fijado en el acuerdo.

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Miguel Ángel Vázquez

Redactor especializado en economía y empresas. Cubre la actualidad económica de Galicia y España para Galicia Universal.

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