Los presidentes de Canarias y del País Vasco han remitido una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes u otro órgano similar que analice las consecuencias de la guerra de Irán. La iniciativa se hizo pública este jueves, según la agencia EFE, y busca articular una respuesta coordinada ante los efectos que la crisis bélica puede tener sobre la seguridad, la economía y los servicios públicos en las comunidades autónomas.

En la misiva, los firmantes piden que la reunión aborde de forma prioritaria el impacto directo e indirecto del conflicto en materias como el transporte marítimo, el suministro energético y la estabilidad de los mercados, así como las posibles repercusiones sobre la población civil. Reclaman además la activación de mecanismos de coordinación entre el Estado y los gobiernos regionales para proteger empleos, empresas y sectores sensibles al alza de precios y a las disrupciones logísticas.

Canarias, por su posición atlántica y su dependencia del transporte marítimo y aéreo para abastecerse, ha expresado especial preocupación por la seguridad de las rutas comerciales y por el posible encarecimiento de los combustibles que afectarían al turismo y al coste de la vida. El País Vasco, con puertos relevantes y una economía industrial muy vinculada a los intercambios internacionales, pone el acento en la necesidad de preservar las cadenas de suministro y en las amenazas que puede suponer para el transporte de mercancías.

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Los gobernantes regionales advierten de que la escalada en el Golfo y en otras áreas de influencia podría traducirse en un incremento de los costes de seguros para navieras y en una subida de los precios de la energía, factores que a su vez inciden en la inflación y en la competitividad de empresas locales. Asimismo, muestran inquietud por posibles efectos migratorios y por la necesidad de planificar contingencias en puertos y aeropuertos ante eventuales incidentes o desvíos de rutas.

La petición a Pedro Sánchez subraya que, aunque la política exterior y la seguridad son competencias del Ejecutivo central, las comunidades autónomas también sufren las consecuencias y requieren información y herramientas para proteger a la ciudadanía. Por ello reclaman no solo un diagnóstico compartido, sino también acuerdos concretos sobre medidas fiscales, ayudas directas a sectores afectados y protocolos de actuación entre administraciones.

La convocatoria de una Conferencia de Presidentes ha sido empleada en el pasado como foro para consensuar respuestas frente a emergencias sanitarias o económicas; ahora, según fuentes regionales, se reclama un instrumento similar capaz de ofrecer una hoja de ruta común ante un choque geopolítico. Los promotores de la iniciativa insisten en que una respuesta fragmentada aumentaría la vulnerabilidad de territorios con alta exposición al comercio marítimo y al mercado energético.

Hasta el momento, el Ejecutivo central no ha fijado una fecha para la celebración de la reunión ni ha realizado una declaración oficial que confirme la aceptación de la petición. En Moncloa, según fuentes consultadas por EFE, se estudian las implicaciones de la solicitud y la logística para convocar a las comunidades en un plazo breve, si bien la decisión dependerá de la valoración política y técnica del Gobierno.

En el plano político, la carta conjunta supone además una llamada de atención sobre la necesidad de coordinación entre administraciones en un contexto de alta incertidumbre internacional. Para las autonomías firmantes, coordinar medidas y comunicar de forma homogénea a la ciudadanía las acciones previstas es clave para evitar alarma social y minimizar el impacto económico y social de un conflicto cuyas consecuencias pueden trascender las fronteras regionales.

La petición de Canarias y Euskadi evidencia la preocupación creciente entre gobiernos autonómicos por los efectos de un conflicto a miles de kilómetros que, no obstante, puede golpear con rapidez cadenas de suministro, precios y seguridad en territorios muy dependientes del comercio marítimo y de la estabilidad energética. La respuesta del Ejecutivo central marcará el grado de coordinación que se alcance para afrontar esa eventualidad.