Un estudio presentado el 12 de marzo de 2026 por el Instituto Fraunhofer IIS revela que el mercado ilícito de cigarrillos electrónicos en Europa representa aproximadamente el 48% del total vendido, con un valor estimado superior a 6.600 millones de euros en 2024. Los investigadores advierten de que la cifra podría haber crecido hasta más de 7.200 millones de euros a finales de 2025, y atribuyen el fenómeno a la combinación de regulaciones nacionales dispares y a las importaciones irregulares desde fuera de la Unión Europea. El informe sitúa el problema como un desafío tanto económico como sanitario para los Veintisiete.

Según el análisis, casi la mitad del volumen comercializado corresponde a productos que no siguen la normativa vigente, lo que genera importantes fugas de recaudación fiscal y riesgos para los consumidores. Los autores proyectan un ritmo de crecimiento anual del mercado ilícito del 8,6%, que, de mantenerse, elevaría el valor del sector hasta aproximadamente 10.830 millones de euros en 2030. Los datos ponen de manifiesto una tendencia sostenida que, a juicio de los investigadores, exige respuestas coordinadas en el plano europeo.

El estudio, elaborado por Fraunhofer IIS en colaboración con MRU GmbH y la consultora SKR, identifica como factor determinante las diferencias en la legislación y en la estructura impositiva entre países, que crean amplios diferenciales de precio y desembocan en canales irregulares de comercio. Además, los autores subrayan que el 90% de los cigarrillos electrónicos importados a Europa proceden de China, y que una parte relevante de esa producción se realiza fuera de los circuitos legales y de control. Esa combinación de oferta exterior y huecos regulatorios alimenta el crecimiento del mercado gris y negro.

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El informe aporta datos desagregados por países: España registra una tasa de mercado ilícito del 39%, por debajo de la media europea; Portugal aparece en torno al 30%, Francia alcanza el 58% e Italia el 44%. Los expertos también calculan pérdidas de recaudación significativas en estados concretos, citando el caso de Alemania donde la merma fiscal asciende a casi 120 millones de euros anuales. Estas cifras ilustran el impacto económico directo sobre las arcas públicas.

Además del perjuicio fiscal, el estudio alerta sobre la dimensión sanitaria del fenómeno: estima que el 3,1% de los jóvenes de 15 años o más ya prefieren los cigarrillos electrónicos frente a los productos de tabaco tradicionales, y detecta una tendencia al alza. Los equipos de investigación señalan que los dispositivos y líquidos comercializados de manera irregular pueden contener componentes de origen dudoso y carecer de controles de calidad, lo que incrementa los riesgos de daños para la salud. Esa combinación de mayor consumo entre menores y falta de garantías agudiza la preocupación pública.

Como respuesta, los autores reclaman una estrategia común a escala de la UE que combine armonización regulatoria, refuerzo de controles aduaneros y cooperación internacional, especialmente con los países productores. El estudio sostiene que las medidas nacionales aisladas y las políticas meramente prohibicionistas han resultado insuficientes y, en algunos casos, han favorecido la expansión de los circuitos no regulados. La propuesta incluye además mecanismos de trazabilidad y acciones conjuntas contra el comercio ilícito transfronterizo.

Las implicaciones para la administración pública son de gran calado: además de la pérdida de ingresos, las autoridades afrontan costes crecientes en investigación y control, y la necesidad de adaptar marcos legales para abarcar nuevos formatos de producto como los desechables. Los sectores sanitario y de consumo reclaman estándares que protejan a los usuarios sin impulsar de forma involuntaria a mercados negros. En este sentido, expertos consultados por el estudio subrayan la importancia de combinar políticas fiscales, controles de producto y campañas de prevención dirigidas a los jóvenes.

El documento termina advirtiendo que, si no se adoptan medidas integradas a corto plazo, la expansión del mercado ilícito podría consolidarse y multiplicar sus efectos negativos sobre la salud pública y la economía. Para los autores, la cooperación entre Estados miembros y con países productores es indispensable para frenar un fenómeno que combina sofisticación comercial y lagunas regulatorias. Mientras tanto, los reguladores europeos se enfrentan al reto de equilibrar la protección de la salud con la eficacia de la lucha contra el fraude y la importación irregular.