El Gobierno cubano anunció el 13 de marzo de 2026 que liberará en los próximos días a 51 personas consideradas presos políticos, fruto de un proceso de intermediación con el Vaticano que, según las autoridades, facilita este tipo de excarcelaciones. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Exteriores, que explicó que los reos beneficiados han cumplido una parte sustancial de sus condenas y han mostrado buena conducta. La medida, según el Ejecutivo, responde tanto a trámites humanitarios como a acuerdos discretos mantenidos con la Santa Sede en operaciones similares.

En el comunicado oficial se precisó que las liberaciones se efectuarán «en los próximos días» y que las excarcelaciones forman parte de un procedimiento que la diplomacia cubana ha venido gestionando con el Vaticano. El ministerio subrayó el carácter selectivo de la medida y destacó la evaluación individual de expedientes como criterio para conceder la salida de prisión. No se difundieron de inmediato los nombres de los beneficiarios ni las condiciones concretas que deberán cumplir tras la excarcelación.

El anuncio del Gobierno añade una nueva entrega a una serie de indultos y excarcelaciones que La Habana ha aplicado de manera escalonada en los últimos años. Según la nota oficial, desde 2010 se han aprobado más de 9.905 indultos y, además, en los últimos tres años alrededor de 10.000 personas fueron excarceladas por distintos motivos. Estas cifras, que el Ejecutivo pone en valor como parte de su política penal y humanitaria, contrastan con las denuncias que algunos grupos de derechos humanos han venido haciendo sobre la persistencia de detenciones por motivos políticos.

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Organizaciones independientes mantienen un conteo distinto del número de presos de conciencia en la isla. La ONG Prisoners Defenders estimó en 1.214 el total de presos políticos en Cuba con corte a febrero de 2026, una cifra que refleja una visión más amplia sobre detenciones que, a su juicio, responden a criterios políticos. Esa discrepancia entre las cifras oficiales y las de las organizaciones civiles ha sido un punto recurrente en los intercambios entre el Gobierno cubano y sus críticos en la comunidad internacional.

La implicación del Vaticano en estas gestiones no es nueva y se apoya en canales de comunicación establecidos entre la Santa Sede y La Habana. La Iglesia católica ha actuado en varias ocasiones como mediadora en asuntos humanitarios que requieren discreción y confianza entre las partes, una función que, según expertos en diplomacia, facilita acuerdos que de otro modo resultarían difíciles en el marco de tensiones políticas. No en vano, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con la isla y ha sido interlocutor en cuestiones sociales y caritativas.

El contexto en la isla sigue marcado por un pulso entre la exigencia de mayor pluralismo político y la respuesta del aparato estatal, que tiende a enmarcar las medidas de clemencia en términos de orden y seguridad. Para algunos activistas, las excarcelaciones puntuales no resuelven el problema estructural de la legislación y las prácticas que permiten detenciones por motivos políticos. Para el Gobierno, en cambio, los indultos y excarcelaciones son herramientas de gestión penal y de normalización social.

Fuentes cercanas a organizaciones de derechos humanos consultadas por este periódico señalaron que, si bien las liberaciones son siempre bienvenidas, persiste la demanda de un proceso transparente y de garantías para que los excarcelados no sigan sufriendo represalias ni restricciones que limiten su libertad de expresión y asociación. Ese reclamo se conecta con la petición de que se revise el marco legal y administrativo que, según estos colectivos, habilita detenciones preventivas y condenas por delitos vinculados a la disidencia.

Las próximas jornadas servirán para comprobar el alcance real de la medida y la identificación pública de las 51 personas anunciadas. Mientras tanto, la cifra ofrecida por el Gobierno se suma al debate internacional sobre la situación de los derechos civiles en Cuba y pone de nuevo en primer plano el papel que actores como el Vaticano pueden desempeñar en acuerdos discretos con efectos visibles en el terreno penitenciario. El seguimiento de estas excarcelaciones será clave para evaluar si se trata de gestos puntuales o del preludio de cambios más profundos en la política de detenciones.