La Policía Nacional detuvo el 24 de febrero a la propietaria de un centro de estética ubicado en el Centro Comercial Las Rosas, en Madrid, por presuntamente engañar a decenas de clientes que habían pagado por adelantado tratamientos que nunca llegaron a recibir. Según las pesquisas, la mujer, de 47 años, vendió bonos y servicios estéticos en los meses previos y, cuando los usuarios acudieron al local, lo encontraron cerrado. Los investigadores sostienen que la detención se produjo mientras intentaba abandonar la ciudad con una maleta para eludir la acción de la justicia.

El establecimiento ofrecía en su web una amplia oferta de «salud, belleza y bienestar» y anunciaba atención médica asociada a sus terapias, una promesa que ahora está en el centro de la investigación. Entre los servicios contratados por las víctimas figuran depilación láser, mesoterapia y presoterapia, tratamientos que muchos pagaron por adelantado a través de bonos. La clientela, mayoritariamente femenina, denunció que las citas no llegaron a celebrarse y que las responsables dejaron de atender comunicaciones.

Las pesquisas policiales han detectado que hasta 357 clientes compraron bonos por anticipado, con importes que iban desde 70 y 1.300 euros por paquete según diferentes prestaciones. De ese conjunto, al menos 130 personas han presentado ya denuncia formal ante las fuerzas de seguridad reclamando la devolución de su dinero y la apertura de diligencias penales. La clínica, que según registros había comenzado su actividad en 2022, habría estado vendiendo servicios de forma intensa desde el pasado mes de noviembre.

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Los agentes averiguaron además que la responsable del centro comunicó el despido de su plantilla el 31 de enero sin ofrecer explicaciones y, no obstante, continuó comercializando bonos al día siguiente. Tras la salida del personal colocó un cartel en la puerta con el rótulo de «cerrado temporalmente», un hecho que los investigadores interpretan como un intento de ganar tiempo hasta que la clientela reaccionara. Cuando los afectados intentaron hacer efectivos sus tratamientos, se encontraron con un local inaccesible y sin actividad.

Durante las semanas posteriores al cierre los perjudicados llamaron y enviaron mensajes reclamando información y la devolución de los importes abonados; la propietaria no respondió a esas demandas, según relatan fuentes policiales. Finalmente, la detención se produjo cuando la mujer se disponía a abandonar Madrid con una maleta, circunstancia que las autoridades consideran indicativa de una tentativa de fuga. Tras su arresto, la Policía la imputó por un delito de estafa continuada y mantiene abiertas pesquisas por otros posibles ilícitos relacionados con la gestión del negocio.

Los investigadores han señalado dificultades para reconstruir la actividad del centro, ya que no constaban registros contables claros de las operaciones comerciales, lo que complica el seguimiento de los pagos recibidos. Esa ausencia de documentación es uno de los elementos que ha provocado la ampliación de la investigación para determinar el alcance real del fraude y la posible implicación de terceras personas en la trama. Las diligencias siguen abiertas y la Policía trabaja ahora en localizar a más víctimas y clarificar el circuito económico de los bonos vendidos.

Entre las afectadas se cuentan personas que llegaron a invertir cantidades significativas con la expectativa de someterse a múltiples sesiones, y ahora reclaman no solo la devolución sino también responsabilidades penales. Consumidoras y consumidores que acudieron al centro denuncian la pérdida de importes y la falta de explicaciones, un relato que se repite en diversas denuncias presentadas en las últimas semanas. Las autoridades han instado a quienes crean haber sido perjudicados a ponerse en contacto con la Policía para ampliar el número de denuncias y facilitar la recuperación de fondos.

El caso pone de manifiesto, según expertos en derecho del consumidor, los riesgos asociados al pago anticipado de bonos en servicios de estética y belleza, especialmente cuando el establecimiento carece de garantías claras y registros administrativos. La investigación policial y judicial determinará ahora la magnitud del fraude y las responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse. Mientras tanto, la detención de la responsable sirve como advertencia para quienes gestionan negocios de este tipo y para quienes contratan este tipo de servicios mediante pagos por adelantado.