Editorial: bajas laborales eternas — la crisis silenciosa que amenaza a Galicia

Editorial: bajas laborales eternas — la crisis silenciosa que amenaza a Galicia

Hay una crisis que no sale en los titulares. No tiene fecha de caducidad, no se resuelve con una inversión y no genera manifestaciones. Pero está ahí, corroyendo el tejido productivo de Galicia, año tras año. Son las bajas laborales de larga duración: esos miles de trabajadores que se dan de baja y no vuelven. O vuelven tarde. O no vuelven nunca. El dato es contundente: Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor proporción de bajas laborales prolongadas de toda España, y la tendencia no hace sino empeorar.

El problema tiene muchas caras y ninguna es sencilla. La primera es la salud. La población gallega envejece, y con la edad llegan las patologías crónicas: problemas articulares, cardiovasculares, mentales. Los trabajadores mayores de cincuenta son los más propensos a caer en una baja larga, y son también los que más coste tienen para el sistema —porque cotizaron durante décadas con salarios medios bajos y porque la prestación que reciben consume recursos de la Seguridad Social que tardarán años en recuperarse, si es que lo hacen.

La segunda cara es la salud mental. Los casos de ansiedad, depresión y burnout asociados al mundo laboral se han multiplicado en Galicia desde la pandemia. El sistema público de salud mental, crónicamente infradotado, no da abasto. Un trabajador que necesita terapia psicológica puede esperar meses para una primera consulta en la sanidad pública. Mientras espera, está de baja. Y mientras está de baja, no recibe tratamiento. Es un círculo vicioso que alarga los procesos y cronifica el sufrimiento. La salud mental es hoy, junto con las patologías osteoarticulares, la principal causa de baja laboral de larga duración en Galicia.

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La tercera cara es la precariedad estructural del mercado laboral gallego. Muchos de los trabajadores que se dan de baja lo hacen en empleos físicamente exigentes y mal remunerados: construcción, hostelería, limpieza, industria conservera, atención a dependientes. Son sectores en los que un problema de espalda o una tendinitis significan la imposibilidad absoluta de trabajar. En un oficio de escritorio, un dolor lumbar se gestiona con una silla ergonómica. En una cadena de montaje o en los muelles de pesca, significa baja directa. Y si el salario que se percibe durante la baja —el 60% de la base reguladora— es superior a lo que cobrarías volviendo a un empleo precario, el incentivo para reincorporarse desaparece.

Aquí es donde el debate se vuelve incómodo. No todas las bajas largas son fraude. La inmensa mayoría no lo son. Pero tampoco todas son genuinamente incapacitantes hasta el punto de impedir cualquier actividad laboral. Existe una zona gris amplísima en la que un trabajador podría, con la rehabilitación adecuada y la reorientación profesional pertinente, reincorporarse a un puesto adaptado. El problema es que ni las empresas ofrecen esos puestos adaptados, ni la Seguridad Social facilita la reorientación, ni la Inspección de Trabajo tiene recursos para evaluar caso por caso. El sistema es binario: o estás de baja o estás de alta. Y cuando alguien cae en la baja larga, nadie le tiende un puente para volver.

La solución pasa por tres ejes. Primero, reforzar la sanidad pública —especialmente la salud mental y la rehabilitación— para que los procesos de curación no se alarguen por falta de atención. Segundo, crear programas reales de reincorporación laboral adaptada, con incentivos fiscales para las empresas que contraten trabajadores que regresan de una baja larga. Y tercero, dotar a la Inspección Médica de recursos humanos y tecnológicos para agilizar las evaluaciones y distinguir, con criterio clínico y no burocrático, entre quien necesita más tiempo y quien necesita un empujón.

Las bajas laborales eternas no son un problema de pereza colectiva. Son el síntoma de un mercado laboral enfermo y de un sistema de protección que protege pero no recupera. Galicia no puede permitirse seguir perdiendo a miles de trabajadores en el limbo de la incapacidad temporal. Hace falta un pacto —entre empresarios, sindicatos, Seguridad Social y sanidad— para transformar un sistema que da de baja pero no da de alta.