Casi la mitad de las entidades sociales que intervienen en vivienda en Galicia lo hacen sin financiación pública. Así lo revela un estudio presentado este miércoles en Santiago durante un simposio sobre vivienda y vulnerabilidad. 374 viviendas gestionadas en 2025, 2.063 personas alojadas, y un esfuerzo invisible que sostiene el tercer sector. La exigencia es clara: la Xunta debe integrar el «prisma de los más vulnerables» en su política residencial.
Los hechos
En pleno corazón de Santiago, en el simposio sobre vivienda y vulnerabilidad, Ana Pardo, presidenta de EAPN Galicia, lanzó un mensaje directo a la Xunta: «No se puede perder de vista a los más vulnerables». El evento, organizado por una red con más de 15 años de trabajo en exclusión social, sirvió para presentar un informe clave: ‘La provisión y gestión de viviendas por el tercer sector de acción social en Galicia’. El dato más alarmante: casi un 50% de las 45 entidades encuestadas realizan actuaciones para inclusión socioresidencial sin apoyo económico público.
Entre 2023 y 2025, estas organizaciones intervinieron en 3.783 viviendas y apoyaron a 8.647 personas. Aunque solo 374 estaban bajo gestión directa en 2025, el impacto es significativo. Las fórmulas varían: 62 viviendas son propiedad de entidades, 71 están en cesión, 141 en alquiler, y otras 100 en modalidades diversas. Los programas incluyen acompañamiento en el acceso, promoción de la autonomía y fomento del alquiler asequible. «Es un trabajo silencioso, pero esencial», reconoce Nerea Rivero, responsable de incidencia en vivienda de EAPN.
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Ver en Hotels.com → PublicidadEl sobreesfuerzo no es solo económico. Es humano. Las entidades absorben costes que deberían asumir las administraciones. Y lo hacen mientras advierten: sin financiación estable, no hay sostenibilidad. «La falta de recursos públicos específicos para gestión de vivienda por entidades sociales es un freno real», subraya el informe. Y eso, en plena negociación del plan estatal de vivienda, no puede ignorarse.
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El tercer sector lleva más de una década actuando en el ámbito residencial, aunque su labor siga siendo infravalorada. «Venimos detectándolo ya desde hace más de 10 años», insiste Ana Pardo. A pesar del desconocimiento institucional, estas organizaciones han construido un modelo basado en la confianza. Contrario al estigma, los datos muestran que los colectivos vulnerables son quienes más cuidan las viviendas y cumplen con los pagos. «Cuando hay una entidad social, esa es una garantía añadida», sentencia Pardo. No es teoría. Es experiencia acumulada en barrios como el Arrabal de Lugo o en la periferia de Vigo.
El plan estatal de vivienda 2026-2030 reconoce por primera vez al tercer sector como agente clave. Un cambio de paradigma, sí. Pero su aplicación depende de cómo las comunidades autónomas lo traduzcan. Galicia ya dio un paso con el I Pacto Galego de Vivenda (2021-2025), que incluyó ayudas a la vivienda colaborativa en cesión de uso. Ahora, REAS Galicia celebra que el IGVS haya confirmado la voluntad de continuar con esa línea. Pero conviene recordar: voluntad no es compromiso presupuestario. Y sin dinero, las buenas intenciones se quedan en el aire.
Perspectiva y futuro
El director xeral de Cohesión e Fondos Europeos, Ángel Tarrío, aseguró que la vivienda social será «una prioridad» en los instrumentos europeos 2028-2034. Una promesa que suena bien, pero que requiere concreción. Porque el acceso a la vivienda no puede depender de ciclos presupuestarios o cambios de gobierno. Lo cierto es que el dinero europeo llega, pero su distribución es desigual. Y mientras, las entidades siguen tirando del carro. «Estamos pendientes de cómo se firman los convenios», advierte Pardo. Porque ahí está la clave: si Galicia decide implementar o desdeñar las
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