Higini Cierco, exdirector de la Banca Privada d’pujol/" title="Andorra">Andorra, compareció este miércoles ante la Audiencia Nacional en el juicio por la fortuna oculta de la familia Pujol para explicar cómo se detectaron las cuentas andorranas del clan y qué documentación remitió a la Fiscalía. La declaración, celebrada en Madrid, se centra en los movimientos que la familia realizó en 2010 y en un escrito manuscrito que, según Cierco, habría servido para relacionar a los Pujol con transferencias en Andorra. El testimonio pretende aclarar por qué la entidad y sus responsables denunciaron hechos que terminaron generando investigaciones en suelo andorrano.

El compareciente es copropietario, junto a su hermano, de la entidad que acogió parte del patrimonio de los hijos del expresidente autonómico en 2010. Fueron estos responsables de la banca los que presentaron una querella en Andorra que acabó, entre otras consecuencias, con la imputación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de los entonces ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por supuestas coacciones para obtener información bancaria. Cierco aportó documentación a la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción que, según la acusación, resultó relevante para seguir la pista de los fondos.

Entre los papeles que entregó figura un documento manuscrito fechado el 19 de diciembre de 1995 que atribuía instrucciones de transferencias a Marta Ferrusola, la esposa del exdirigente catalán. En ese escrito, la firmante se presenta como «madre superiora de la congregación» y solicita el traslado de «dos misales» desde su biblioteca a la del cura de la parroquia; el justificante bancario asociado recoge un movimiento por el equivalente a unos 2.000.000 de pesetas. Los investigadores han interpretado que la mención a «misales» era un código para ordenar trasvases de dinero, y en los expedientes figura que la cuenta afectada —la 81089— presentaba un saldo de 902.067 euros el 29 de diciembre de 2010.

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Cierco, además, declaró que durante la investigación la policía española mostró interés por obtener información sobre otros dirigentes catalanes, y que agentes habrían solicitado datos sobre figuras como Artur Mas y Oriol Junqueras, además de miembros de la familia Pujol. Esa petición de información policial sobre distintas personalidades políticas aparece en la declaración como una de las razones por las que la entidad decidió facilitar documentación y colaborar con las autoridades. El relato del banquero pretende situar en contexto las comunicaciones entre la entidad financiera y los cuerpos policiales.

En la sesión también está prevista la comparecencia de otros testigos vinculados a la gestión de cuentas en Andorra, aunque la Audiencia Nacional ha encontrado dificultades para traer a algunos citados desde los juzgados andorranos. Una de las personas citadas es la gestora de la entidad que informó oficialmente sobre una transferencia desde la cuenta de uno de los hijos del expresidente a una fundación panameña, un extremo que la Fiscalía considera clave para acreditar maniobras de ocultación. Se espera que su testimonio complemente la información aportada por Cierco sobre movimientos y destinatarios de fondos.

La acusación sostiene que esa fundación en Panamá fue utilizada para ocultar patrimonio y dificultar su trazabilidad, y apunta a una serie de sociedades y cuentas que, según la investigación, formaron parte de la estructura de ocultación. Los defensores de la familia Pujol insisten en que muchos de esos movimientos respondían a operaciones legítimas y que la documentación no prueba la comisión de delitos. En la sala, abogados y fiscales discuten ahora sobre la relevancia probatoria de los apuntes bancarios y las notas manuscritas presentadas en la instrucción.

El papel de la Banca Privada d’Andorra en este procedimiento vuelve a ser central porque fue la entidad que inicialmente alertó de irregularidades y presentó denuncias que desencadenaron pesquisas en el Principado. Los responsables del banco explican que, tras detectar ciertas señales de alerta, se siguieron los protocolos internos y se informó a las autoridades correspondientes. La conversión de esa actuación en piezas judiciales en España y en Andorra ha generado un complejo cruce de diligencias entre jurisdicciones.

Juristas consultados por la causa recuerdan que la aportación de testigos con conocimiento directo de los movimientos bancarios puede ser determinante para acotar responsabilidades y establecer si existió voluntad de ocultación. La dificultad reside en acreditar el nexo entre las instrucciones manuscritas y la voluntad de esconder patrimonio, además de determinar la participación de cada uno de los implicados. A medida que se sucedan las declaraciones, la Audiencia Nacional deberá valorar la credibilidad y alcance de las pruebas electrónicas y documentales presentadas.

La vista continuará con más testimonios en los próximos días y con la incorporación de documentos que, según las partes, consolidan versiones enfrentadas sobre la legalidad de las transferencias. Para la Fiscalía, las piezas aportadas por la banca andorrana y las declaraciones de sus gestores constituyen indicios para sostener la existencia de un entramado destinado a ocultar bienes. Para la defensa, en cambio, esas mismas piezas no alcanzan a demostrar la comisión de delitos patrimoniales.

El juicio a la familia de Jordi Pujol Soley se mantiene así en la fase de examen de pruebas y testificales, en la que la exposición pública de documentos y la comparecencia de exresponsables bancarios como Cierco buscan arrojar luz sobre el origen y destino de los fondos. La resolución del proceso aún queda lejos; mientras tanto, la causa sigue acumulando actuaciones que los tribunales deberán valorar antes de decidir si avanzan hacia nuevas imputaciones o hacia el archivo de determinadas líneas de investigación.