Casi seiscientos proveedores del Concello de Lugo esperan cobrar facturas atrasadas por un total de 2,7 millones de euros. El BNG registró este lunes una solicitud para que la alcaldesa convoque un pleno extraordinario a la mayor brevedad y desbloquee el pago, que no puede demorarse más. El motivo de la urgencia es tan sencillo como contundente: de no celebrarse una sesión extraordinaria, habría que esperar al pleno ordinario de finales de septiembre, dado que en agosto es costumbre que no se reúna la cámara.
Por qué hace falta un pleno
La cuestión no es solo de calendario, sino de procedimiento. Se trata de gastos correspondientes a ejercicios anteriores para los que resulta necesario habilitar crédito, y esa autorización exige el respaldo del pleno. Sin ella, los proveedores siguen esperando. Demasiado tiempo para quien ya prestó el servicio o entregó la mercancía hace meses, incluso años.
Quien conozca el funcionamiento de los ayuntamientos sabe que estas situaciones no son infrecuentes cuando cambia el color del gobierno. En Lugo, además, el asunto arrastra un trasfondo político que explica la tirantez actual entre los dos partidos que sostienen o sostuvieron las instituciones municipales.
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Conoce más →Un intento de reparto de responsabilidades que fracasó
Conviene recordar los antecedentes. En el pleno de julio, la regidora intentó llegar a un acuerdo político con PSOE y BNG para que ambos grupos también se responsabilizaran del levantamiento de los reparos que los servicios fiscalizadores del Concello ponen al abono de algunas facturas. El rechazo fue tácito pero evidente: la moción no salió adelante. La alcaldesa, por su parte, ha culpado al gobierno saliente de no aclarar el origen de determinadas facturas, aunque ha asegurado que intentará pagar a los proveedores.
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Ver planes de email →Ahí está la clave del conflicto. Una parte de esos gastos fue realizada por el anterior bipartito y, en algunos casos, sin los procedimientos legales exigidos por la normativa. Lo cierto es que los reparos de los servicios de fiscalización no son un mero trámite administrativo: condicionan qué se puede pagar y cómo, y colocan a los grupos municipales ante la disyuntiva de avalar con su voto gastos cuya tramitación fue, como mínimo, irregular.
Sin el PSOE, el BNG no puede forzar la convocatoria
No es menor el dato de que los nacionalistas no hayan registrado la solicitud por la vía formal. La normativa exige un número de concejales que el BNG, en solitario, no alcanza: sin el PSOE, no puede obligar a convocar el pleno extraordinario. De ahí que la petición se haya canalizado como una solicitud a la alcaldesa, quedando la pelota en el tejado municipal.
El portavoz nacionalista compareció públicamente este lunes para explicar la iniciativa, con un argumento difícil de rebatir: los proveedores no tienen culpa de las discrepancias políticas ni de los defectos de tramitación, y son quienes peor parados salen de cada semana de retraso. Para muchas pequeñas empresas y autónomos de la comarca de Lugo, una factura municipal pendiente puede significar un problema serio de tesorería.
Facturas, reparos y gobernanza
Más allá del cruce de acusaciones, el episodio deja varias preguntas en el aire. La primera, quién asume políticamente la responsabilidad de unos gastos que, en algunos casos, se contrataron al margen de los procedimientos legales. La segunda, hasta dónde puede llegar un gobierno local a la hora de condicionar el pago de deudas contraídas por su predecesor cuando la fiscalización interna pone objeciones. Y la tercera, más prosaica pero no menos importante: cuándo cobrarán los casi seiscientos proveedores.
A nadie se le escapa que el pulso entre el gobierno municipal y la oposición se librará pleno a pleno durante los próximos meses, y que las facturas atrasadas serán una moneda de cambio recurrente. La cifra habla por sí sola: 2,7 millones comprometidos con el tejido pr
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