El colapso del transporte enciende las alarmas en Galicia

La cadena de suministro gallega atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lo que comienza como una dificultad para encontrar vehículos de carga en las principales zonas industriales de la provincia coruñesa se ha transformado en un síntoma alarmante de una economía regional bajo una presión desproporcionada. El encarecimiento generalizado de los carburantes está provocando una reacción en cadena que afecta tanto a la gran distribución como al ciudadano de a pie.

El debate fiscal que paraliza las carreteras

Tradicionalmente, el sector del transporte por carretera en España convive con una peculiaridad fiscal conocida como el límite de los módulos. Los conductores autónomos que tributan bajo este régimen simplificado tienen un tope de kilómetros o ingresos anual. Al superarlo, pasan a estimación directa, lo que implica una carga impositiva significativamente mayor. Por este motivo, es una práctica habitual que muchos de estos profesionales detengan su actividad durante las festividades de agosto o las Navidades.

Sin embargo, el panorama actual ha alterado por completo esta lógica de planificación. El desorbitado coste del gasóleo obliga a estos trabajadores a anticipar sus periodos de descanso habitual. Parar el camión hoy no responde a una estrategia fiscal de final de año, sino a la pura y dura necesidad de evitar trabajar a pérdida. Mover un vehículo de gran tonelaje se ha convertido en una operación de riesgo económico cuando el precio del repostaje consume prácticamente la totalidad del beneficio obtenido por el viaje.

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Impacto directo en la logística portuaria

Las consecuencias de esta paralización técnica son visibles en puntos neurálgicos del comercio gallego. Las áreas logísticas y los polígonos industriales aledaños al puerto coruñés registran un inusual silencio. La ausencia de flotas dificulta enormemente la operativa diaria de carga y descarga de mercancías, ralentizando los tiempos de entrega y generando un atasco logístico que empieza a notarse en los estantes de los comercios minoristas.

Esta situación genera un efecto dominó sobre el precio final de los productos de consumo. Las empresas que necesitan contratar servicios de transporte se enfrentan a una oferta escasa y, en consecuencia, a tarifas radicalmente más elevadas para poder asegurar el movimiento de sus mercancías.

La falta de acuerdos marco que protejan a los transportistas frente a la volatilidad del mercado energético demuestra una vulnerabilidad estructural que perjudica a toda la economía productiva.

El sector del taxi: sin margen de maniobra

Si el transporte de mercancías sufre, el de pasajeros no se queda atrás. El colectivo taxista se encuentra en una encrucijada similar, pero con una desventaja añadida: la rigidez de sus tarifas reguladas. Mientras que el transporte de mercancías puede intentar repercutir el aumento de los costes operativos mediante recargos, el taxi urbano tiene las manos atadas por los tarifarios aprobados por los organismos municipales correspondientes.

Estos profesionales del volante han denunciado en reiteradas ocasiones que las medidas adoptadas por las administraciones para paliar la subida de los carburantes resultan insuficientes. La rebaja aplicada al Impuesto sobre el Valor Añadido en los combustibles no ha logrado compensar el desplome de la rentabilidad. El incremento interanual del coste del gasóleo en las estaciones de servicio gallegas ronda una cifra cercana a la tercera parte, un porcentaje devastador para cualquier cuenta de resultados que dependa directamente de las ruedas.

Una crisis con profundos antecedentes

El escenario actual no surge de la nada. Viene gestándose desde hace meses, alimentado por la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales y los conflictos geopolíticos en zonas clave para la extracción de petróleo. La denominada