El Tribunal Supremo ha decidido este 12 de marzo de 2026 que la investigación de un caso de supuesta corrupción de menores con siete víctimas acreditadas continuará en un juzgado de Almería, pese a que cinco de las niñas y niños afectados residen en el partido judicial de Caldas de Reis. La competencia recae en el antiguo Juzgado de Instrucción 4 de Almería, ahora Tribunal de Instancia, después de que en esa provincia se interpusieran las dos primeras denuncias. La resolución se adoptó tras analizar la cuestión de competencia planteada y valorar dónde se produjeron los hechos fundamentales que motivan la investigación.

Según la explicación del Supremo, las pesquisas policiales acreditaron inicialmente que la presunta actividad delictiva se inició en el domicilio de las víctimas domiciliadas en Almería, lugar donde se habrían tomado fotografías y vídeos. Esa circunstancia, junto con la existencia de las primeras denuncias en la misma provincia andaluza, llevó a la Sala a concluir que el supuesto delito debe entenderse cometido en dicho partido judicial. La decisión implica que las diligencias relativas al caso sean tramitadas por el órgano judicial almeriense y no por el de Caldas de Reis.

El caso afecta en total a siete menores, de los que dos residen en la provincia de Almería y cinco en el entorno de Caldas de Reis, en la provincia de Pontevedra. En su origen procesal, el Juzgado de Caldas de Reis planteó una cuestión negativa de competencia frente al Juzgado de Almería respecto a los cinco menores con domicilio en el partido judicial caldense, y en primera instancia la competencia llegó a atribuirse a Caldas. No obstante, la posterior valoración jurisdiccional del Supremo ha cambiado esa atribución.

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En la instrucción se investigan diversas conductas de índole sexual dirigidas a menores que, según la acusación, habrían incluido la exigencia de fotografías y vídeos, así como la realización de videollamadas en las que aparecían los menores practicando actos sexuales o masturbándose. Estas actuaciones han sido descritas por los investigadores como un menoscabo de la integridad e indemnidad sexual de los niños y niñas, hechos que motivaron la apertura de diligencias penales. La gravedad de las imputaciones ha llevado a las autoridades a coordinar actuaciones entre las distintas jurisdicciones implicadas.

La complejidad del caso responde en parte a la dispersión geográfica de las víctimas y a la identidad de la persona investigada, que según la instrucción habría mantenido contactos con menores domiciliados en más de una provincia. La competencia territorial en este tipo de delitos suele analizarse en función del lugar en que se cometen los actos esenciales o donde se producen las primeras denuncias, criterios que han sido determinantes en la resolución del Supremo. Los tribunales deberán ahora continuar las diligencias en Almería y decidir sobre las medidas a adoptar durante la instrucción.

Fuentes judiciales consultadas señalan que la investigación incluye el estudio de material audiovisual y comunicaciones electrónicas que podrían servir para acreditar los hechos denunciados, así como la práctica de diligencias de protección y de toma de declaración a los menores en entornos apropiados. Por razones de secreto de sumario y protección de las víctimas, los órganos instructores no han facilitado detalles sobre la identidad de los investigados ni sobre la naturaleza exacta de las pruebas recopiladas. Tampoco se han hecho públicos datos que permitan identificar a los afectados.

La remisión de la causa al Juzgado de Almería obliga a que las actuaciones iniciadas en Caldas de Reis sean enviadas formalmente para su continuación en ese órgano judicial, que asumirá la dirección de las diligencias. Ese trámite administrativo será seguido por la práctica de las diligencias pendientes, la valoración de las pruebas y, en su caso, la adopción de medidas cautelares si el juez lo considera procedente. El proceso podría prolongarse mientras se realizan peritajes forenses y se analizan los soportes digitales implicados.

La resolución del Supremo subraya la dificultad que plantean los delitos con componente digital y víctimas repartidas por distintas provincias, así como la necesidad de coordinación entre cuerpos policiales y tribunales para preservar la tutela penal y la protección de los menores. Mientras la investigación avanza en Almería, las autoridades recuerdan la prioridad de proteger la intimidad y el interés superior de los niños y niñas implicados, y evitan ofrecer más datos hasta que la instrucción permita una información más precisa y segura.