Veinticuatro años. Ese es el tiempo que el municipio pontevedrés de O Grove lleva inmerso en un laberinto urbanístico del que ahora, quizá, vea la salida. El Gobierno local confía en que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) reciba el visto bueno definitivo de la Dirección Xeral de Urbanismo antes de que termine el presente mandato, según adelantó La Voz de Galicia. No es un trámite menor. Detrás hay décadas de gestiones, normas caducadas y una sensación de provisionalidad que ha marcado el desarrollo del municipio arousano.
La historia de este despropósito arranca en los años noventa, cuando el llamado «decreto Cuíña» intentó poner orden en el caos urbanístico gallego. Aquella norma, impulsada por el entonces conselleiro de Política Territorial, pretendía dar cobertura legal a miles de viviendas construidas sin licencia. Para O Grove, sin embargo, fue el principio de un problema que se ha cronificado. El municipio nunca llegó a disponer de un planeamiento propio adaptado a la legislación autonómica, y desde entonces ha navegado a la deriva entre parches legales y planes parciales.
Un laberinto de 24 años
Conviene recordar que O Grove no partía de cero. En 2002, el Concello inició los trámites para redactar su primer PXOM. Aquel proyecto naufragó. Luego vino otro intento en 2008, que tampoco llegó a buen puerto. El tercero, ya en 2015, se estrelló contra los informes desfavorables de la Xunta. Y así, sucesivamente, hasta el actual, que el gobierno local presentó en 2023 y que ahora aguarda la aprobación definitiva.
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Conoce más →Demasiado tiempo. La cifra habla por sí sola: 24 años de gestiones, de idas y venidas, de informes técnicos que se acumulan en los cajones. Durante todo este periodo, el municipio ha funcionado con unas normas urbanísticas transitorias que, según los expertos, generan inseguridad jurídica tanto para los vecinos como para los promotores. No es menor el dato de que muchas viviendas construidas en estas dos décadas carecen de la cobertura legal que otorga un plan general.
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Para entender el callejón sin salida en el que se encuentra O Grove, hay que remontarse a 1997. Aquel año, la Xunta aprobó el decreto 28/1997, conocido popularmente como «decreto Cuíña», que permitía legalizar viviendas unifamiliares en suelo rústico. La medida, pensada para resolver un problema puntual, se convirtió en una losa para muchos concellos gallegos, que vieron cómo se multiplicaban las construcciones sin un planeamiento ordenado.
O Grove fue uno de los municipios más afectados. La presión urbanística, impulsada por el turismo y la demanda de segundas residencias, chocó con la falta de un plan general que definiera qué se podía construir y dónde. El resultado: un crecimiento desordenado que ahora, con la redacción del nuevo PXOM, se intenta corregir. Ahí está la clave del conflicto: cómo encajar las viviendas ya existentes dentro de un modelo de desarrollo sostenible.
El nuevo PXOM, la última esperanza
El documento que el Concello ha remitido a la Dirección Xeral de Urbanismo pretende, según fuentes municipales, poner orden de una vez por todas. El plan contempla la clasificación del suelo, la delimitación de los núcleos rurales y la protección de los espacios naturales, especialmente los que bordean la ría de Arousa. También establece las condiciones para nuevas edificaciones, con el objetivo de frenar la especulación y preservar el paisaje.
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