El movimiento político Sumar, de la mano de colectivos sociales y sindicales, impulsará una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para declarar toda Galicia como zona de vivienda tensionada. La medida, que se presentará a finales de junio de 2026, busca limitar los precios de alquiler y movilizar el parque de viviendas vacías. La movilización ciudadana en Santiago, Vigo, A Coruña y Ourense marca el inicio de una ofensiva legal y social sin precedentes. El 82% de los jóvenes gallegos no puede acceder a una vivienda digna sin comprometer más del 40% de sus ingresos.
Los hechos
El anuncio lo hizo este sábado Paulo Carlos López, secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, en el marco de la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada en la Praza do Obradoiro de Santiago. La protesta, coordinada con otras ciudades, congregó a más de 2.500 personas según fuentes organizadoras. La ILP se presentará formalmente a finales de junio, y la recogida de firmas arrancaría en octubre, con el objetivo de alcanzar las 15.000 rúbricas necesarias para que el Parlamento gallego debata la propuesta.
La iniciativa no se limita a la declaración simbólica del territorio como zona tensionada. Entre sus ejes principales figuran la indexación del alquiler al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la puesta en marcha de un catastro de viviendas vacías gestionado por las administraciones públicas y la regulación de los precios en residencias privadas para estudiantes, especialmente críticos en ciudades como Santiago y Vigo durante el curso académico.
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Ver en Hotels.com → Publicidad“Hasta ahora, todo ha sido promesas vacías y planes sin ejecutar”, afirmó López durante su intervención. “La Xunta lleva años mirando para otro lado mientras los alquileres se disparan y la gente se queda en la calle. No vamos a esperar más”. La propuesta ya cuenta con el apoyo informal de colectivos como Stop Desahucios Vigo, Plataforma de Afectados por la Hipoteca de A Coruña y la Asociación de Estudiantes Universitarios de Galicia.
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Galicia no tiene ninguna comarca declarada oficialmente como zona de tensión residencial, pese a que datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) del primer trimestre de 2026 revelan que el precio medio del alquiler ha subido un 17,3% en un solo año. En Santiago, el alquiler medio por metro cuadrado se sitúa en 11,20 euros, superando ya umbrales que en otras comunidades autónomas activarían automáticamente mecanismos de control.
La ley estatal de vivienda, aprobada en 2023, permitía a las autonomías declarar estas zonas para activar medidas de contención, pero la Xunta de Galicia no ha adoptado ninguna medida de calado. Mientras, regiones como Madrid o Cataluña ya aplican topes en áreas específicas. “A nadie se le escapa que aquí hay un problema estructural”, señaló un responsable del sector inmobiliario bajo condición de anonimato. “Pero hay interés en no verlo. Porque si se declara la tensión, se activan obligaciones: más vivienda pública, inspecciones, sanciones. Y eso incomoda”.
Perspectiva y futuro
La ILP busca forzar la acción política a través de la vía ciudadana. Si se recogen las firmas necesarias —un proceso que puede prolongarse hasta abril de 2027—, el texto entrará en el Parlamento gallego para su debate. No es garantía de aprobación, pero sí de visibilidad. “Lo importante no es que gane o pierda mañana”, dijo una activista de Somos Vivienda Lugo, “es que pongamos la vivienda en el centro del debate, no como un bien de consumo, sino como un derecho”.
La propuesta llega en un momento de especial presión demográfica. En los últimos cinco años, Galicia ha experimentado un ligero repunte de población joven en ciudades universitarias, pero sin una política habitacional que lo acompañe.
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