Galicia y el Estado: una relación judicializada en la recta final del curso político

Cuando una administración autonómica acumula una veintena de litigios contra el Ejecutivo central, ya no se trata de fricciones puntuales, sino de un método. Es la radiografía que emerge en el arranque de lo que probablemente sea el último curso político de la legislatura estatal, un tramo cuya duración depende, en última instancia, de la fecha que decida convocar Pedro Sánchez para las elecciones generales.

El dato resulta revelador por sí mismo: ninguna consellería de la Administración gallega carece de asuntos abiertos con el Gobierno de España. La judicialización alcanza así a prácticamente todos los departamentos del Ejecutivo autonómico, desde las políticas de infraestructuras hasta las competencias sectoriales que comparten ambas administraciones.

Un termómetro de la relación política

¿Qué dice de la salud del Estado autonómico que la vía administrativa y la negociación política no basten para resolver estos conflictos? Los recursos ante los tribunales son, en el fondo, el síntoma de una relación institucional tensionada, donde el desacuerdo político termina trasladándose a los juzgados. No es un fenómeno exclusivo de este momento, pero la cifra —veinte pleitos en las postrimerías de la legislatura— deja poco margen a la interpretación benévola.

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Las imágenes de cortesía entre el presidente del Gobierno y el titular de la Xunta, como la de su encuentro en la Moncloa en una ronda de contactos con los presidentes autonómicos, contrastan con esa letra pequeña judicial. La diplomacia protocolaria y la batalla jurídica pueden convivir, sí, pero convierten la cooperación territorial en un ejercicio de doble lenguaje.

El factor calendario

El contexto añade una capa de complejidad. Con el reloj electoral en marcha, los pleitos entre ambas administraciones no se detendrán por la proximidad de los comicios: los procedimientos judiciales siguen su curso con independencia de la convocatoria electoral. Esto significa que el próximo Gobierno estatal —sea cual sea su color— heredará un contencioso, un paquete de litigios que condicionará el inicio de la nueva relación institucional.

Para Galicia, la pregunta relevante no es solo cuántos pleitos hay, sino qué intereses autonómicos quedan en el aire mientras se dilucidan en los tribunales. Cada demanda es, en potencia, una política pública paralizada o una inversión en disputa.

Más allá de los titulares

El fenómeno merece una reflexión que va más allá del pulso partidista. La judicialización de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas es, en parte, consecuencia de un modelo de financiación y de reparto competencial que genera roces estructurales. Cuando el diálogo político se debilita, los tribunales se convierten en el árbitro de facto del pacto autonómico.

Que las dos partes hayan recurrido con tanta frecuencia a la vía judicial dice tanto de sus diferencias políticas como de la debilidad de los canales de cooperación. Las conferencias sectoriales y los órganos bilaterales, concebidos precisamente para evitar estos enfrentamientos, parecen haber quedado en un segundo plano.

En el tramo final de la legislatura, con todos los escenarios electorales abiertos, los veinte litigios en marcha recordarán a quien gobierne después que la relación entre Galicia y el Estado no puede sustentarse únicamente en el decoro institucional. Requiere una apuesta seria por la negociación, o el contencioso seguirá creciendo de legislatura en legislatura.

Información adelantada en exclusiva por La Voz de Galicia.

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