Francisco González, expresidente del BBVA, afronta una petición fiscal que podría convertirse en uno de los capítulos más relevantes del caso Villarejo: la Fiscalía Anticorrupción reclama hasta 173 años de cárcel para él y una sanción económica para la entidad de cerca de 181,8 millones de euros. El escrito de acusación, fechado el 10 de marzo y firmado por la fiscal Elisa Lamelas, atribuye a la antigua cúpula bancaria la contratación sistemática de la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, la mercantil conocida como Cenyt, para encargos que, según el ministerio público, vulneraron derechos fundamentales entre 2004 y 2016.

Qué pide la Fiscalía y en qué se basa la acusación

El detalle de la petición resume los cargos: cinco años por un delito continuado de cohecho activo y otros 168 años por 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos —a razón de cuatro años por cada uno—, que arrojan la cifra total de 173 años para el exbanquero. Para la persona jurídica, la Fiscalía solicita una multa de 9 millones de euros por cohecho y otra de 172,8 millones de euros por 48 delitos de revelación de secretos, calculadas a 5.000 euros diarios durante los plazos que detalla el escrito.

Fuentes jurídicas consultadas recuerdan una precisión técnica: el delito de revelación de secretos no admite la continuidad delictiva, lo que condiciona cómo se imputan los hechos a la persona física y a la jurídica. Además, advierten de que, aunque la suma aritmética de años es elevada, la ley establece reglas sobre el cómputo máximo de cumplimiento efectivo en caso de condena, lo que matiza el efecto práctico de la petición fiscal.

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La Fiscalía sostiene que los trabajos encargados a Cenyt se efectuaron sirviéndose de funcionarios policiales para obtener datos de carácter íntimo y fuentes cerradas sin la autorización judicial necesaria, afectando a empresarios, políticos y periodistas. Esa misma tesis fue la que trazó el magistrado instructor, Manuel García Castellón, en las diligencias que motivaron la apertura de la pieza separada número 9 del procedimiento.

El recorrido procesal: del auto de envío a juicio a la Audiencia Nacional

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya rechazó en febrero de este año los recursos presentados por la defensa y por la entidad, despejando el camino hacia el juicio oral. A lo largo de once autos, la Sección Tercera examinó los indicios recopilados por el instructor y concluyó que la explicación del banco sobre su desconocimiento de las contrataciones no resultaba verosímil.

«No es irrazonable concluir, como hace el instructor, que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz…»

Ese extracto del auto subraya la tesis central: no solo se discuten responsabilidades personales, sino el diseño y eficacia del sistema de control interno del banco. Los jueces estimaron que la presidencia ejecutiva y la alta dirección quedaron al margen de mecanismos de supervisión, creando un espacio en el que ciertas actuaciones pudieron desarrollarse «sin control» y ser obedecidas por subordinados sin cuestionarlas.

El procedimiento envuelve, además del propio BBVA y su exmandatario, a una decena de personas entre exdirectivos del banco y mandos policiales, como el excomisario Julio Corrochano. La fase de instrucción ya fue larga; la próxima etapa para la causa será la fijación de la fecha del juicio oral y la acumulación de la prueba documental y testifical que determinará la solidez de la acusación.

Repercusiones económicas, reputacionales y el eco en Galicia

El impacto potencial trasciende lo penal. En Galicia, donde el BBVA mantiene una amplia red de sucursales en ciudades como Vigo y A Coruña y participa en la financiación de sectores estratégicos, la noticia reabre el debate sobre la responsabilidad societaria y la gobernanza corporativa. Directivos y responsables políticos autonómicos observarán con atención cómo evoluciona un procedimiento que puede condicionar la confianza de clientes y contrapartes.

Las multas reclamadas por Anticorrupción, si finalmente se impusieran, afectarían balances y calificaciones reputacionales. Aun así, el coste reputacional suele tener un alcance más sostenido: clientes institucionales y empresas gallegas que trabajan con la banca valoran tanto la solvencia económica como la calidad del gobierno corporativo. En un tejido empresarial regional marcado por la pyme, las cofradías y el tejido naval, la percepción de riesgos extrajudiciales tiene su eco.

Además de la vía penal, existen reclamaciones civiles y procedimientos conexos abiertos en los que posibles afectados buscan reparación por daños. Una eventual condena penal podría facilitar el acceso a indemnizaciones, pero ese camino dependerá de la evaluación probatoria en el juicio y de recursos ulteriores que, previsiblemente, llegarán hasta instancias superiores si hay resoluciones condenatorias.

En clave regulatoria, el caso vuelve a poner el foco en los programas de cumplimiento normativo —compliance— en las entidades financieras. Reguladores y supervisores europeos y nacionales han insistido en los últimos años en que el diseño de controles y la independencia de sus órganos deben impedir que decisiones estratégicas eludan los sistemas de prevención del delito; la causa contra el BBVA servirá de banco de pruebas sobre cómo se materializan esos límites en la práctica.

Con la acusación formal ya presentada, la causa entra en una fase decisiva. A falta de calendario oficial del juicio, el proceso promete un intenso intercambio de pruebas entre Fiscalía, defensa y acusaciones particulares. Para la opinión pública en Galicia y en el resto del Estado, será un examen sobre la capacidad del sistema judicial para dirimir responsabilidades en el cruce de poder económico y servicios de seguridad privada, y sobre si las normas de control corporativo se traducen en hechos tan tangibles como evitar la vulneración de derechos fundamentales.