Consello de Contas advierte que la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las grandes ciudades gallegas acumula un retraso que puede derivar en soluciones cosméticas. En un informe aprobado el 16 de marzo, el órgano fiscalizador constata que, a 31 de marzo de 2025, solo A Coruña y Pontevedra tenían ZBE operativas, mientras que Santiago, Lugo, Ourense, Ferrol y Vigo seguían sin ellas; el informe pone especial foco en las carencias técnicas del proyecto compostelano.
Deficiencias en el proyecto compostelano
La fiscalización señala que la ZBE de Santiago está limitada, por ahora, al área peatonal del casco histórico y que el diseño no incorpora, según los auditores, un mapeo riguroso de los puntos de mayor congestión. Raxoi justificó la demora por la insuficiencia de personal técnico, pero el Consello reprocha que no se identificasen las áreas de mayor impacto ambiental ni los flujos de tráfico en las horas punta. Esa falta de análisis puede convertir la normativa en una cortina de humo más que en una herramienta eficaz contra la contaminación.
En la práctica, la propuesta municipal mantiene sin restricciones la rúa Virxe da Cerca y el entorno de la Praza de Galicia, dos arterias que soportan buena parte de la movilidad diaria en la ciudad. Para las autoridades locales, la protección del patrimonio y el carácter peatonal del centro histórico justifican la limitación geográfica, pero los técnicos de Contas alertan de que esa circunscripción puede dejar fuera zonas donde se concentra la contaminación y el tráfico de paso.
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Conoce más →«Los concellos que no dispongan de ZBE deberían iniciar su tramitación», recoge el informe, que insiste en acelerar los pasos para su establecimiento cuando ya esté iniciada la tramitación.
Cabe recordar que el Gobierno compostelano modificó en noviembre la ordenanza de circulación para reservarse la posibilidad de cerrar completamente el acceso en episodios de contaminación. Según la versión municipal, basta con activar esas restricciones en días concretos, y residentes y repartidores conservarían acceso salvo en episodios extremos. Para el Consello, sin embargo, las medidas puntuales no sustituyen un diseño integral que contemple restricción, control y medición continuos.
Antecedentes legales y panorama en Galicia
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética fijó la obligación de implantar ZBE antes de 2023, un objetivo que solo lograron, al menos a marzo de 2025, dos de los siete municipios de más de 50.000 habitantes examinados por el informe. Los siete concellos fiscalizados son A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo, y la auditoría apunta a dificultades comunes: falta de recursos humanos especializados, complejidad técnica de los proyectos y carencias en planificación.
La situación no es ajena a la geografía y el urbanismo gallegos. Ciudades como Santiago, con un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, presentan el dilema clásico: calles estrechas y una presión turística creciente por un lado; la necesidad de reducir emisiones y mejorar la calidad del aire por otro. En otras urbes, la implantación temprana de medidas ha venido acompañada de inversiones en control por cámaras y en sistemas de medición, elementos que aún faltan en varios expedientes municipales.
«La implantación de las ZBE es una herramienta clave para luchar contra el cambio climático y mejorar la salud pública», subraya el informe.
Repercusiones locales y próximos pasos
Si el diseño se queda en una delimitación simbólica alrededor del centro histórico, las ciudades corren el riesgo de cumplir la letra de la ley sin reducir de forma apreciable los niveles de NO2 o partículas PM. Para evitarlo, el Consello recomienda incorporar estudios de flujos, análisis por horas punta y medidas concretas de control y sanción. Eso pasa, a juicio de los auditores, por dotar de recursos técnicos y humanos a los servicios municipales y por una planificación que vaya más allá de medidas puntuales activadas en episodios de contaminación.
En Santiago el debate tiene además un componente social y económico. Comerciantes y hosteleros de zonas próximas al casco reclaman garantizar el acceso para la actividad cotidiana; los repartidores y servicios esenciales exigen coordinación en horarios y excepciones. La Administración local deberá conciliar esas demandas con la obligación legal y con objetivos de salud pública. No es solo un problema de señalizar calles: requiere sensores, regulación de acceso, control automático y campañas informativas para que la ciudadanía asuma los cambios.
Por último, la coordinación supramunicipal aparece como un factor clave. Las emisiones no respetan lindes: los atascos y el transporte que atraviesa una ciudad influyen en la calidad del aire de municipios limítrofes. La Xunta y las mancomunidades pueden jugar un papel decisivo, tanto financiando proyectos como facilitando equipos técnicos. A falta de esa colaboración, las ZBE corren el riesgo de quedar relegadas a un mero trámite administrativo.
El calendario que marca el informe obliga a acelerar. Para Santiago —ciudad de peregrinajes, turismo y patrimonio— la tarea es doble: diseñar una ZBE que realmente reduzca emisiones sin asfixiar la vida urbana y demostrar que la transición ecológica puede ser compatible con la preservación del casco histórico. La decisión, en última instancia, requerirá voluntad política, más técnicos y un diálogo honesto con la ciudadanía para que la medida deje de ser formalidad y se convierta en mejora tangible de la calidad del aire.
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