El Tribunal Supremo ha dado un paso clave que podría reactivar decenas de proyectos eólicos paralizados en Galicia. Con una sentencia que respalda la legalidad de la tramitación impulsada por la Xunta, se abre la puerta a superar años de bloqueo administrativo y judicial.
La resolución no entra en el fondo de cada proyecto, pero sí zanja un debate jurídico que frenaba el desarrollo energético en plena carrera por descarbonizar el sistema eléctrico nacional.
Un fallo que corta el nudo administrativo
El alto tribunal considera válida la vía seguida por la administración autonómica para autorizar instalaciones de energía renovable en suelo no urbanizable. Ese era el escollo principal: si se requería o no una declaración de utilidad pública en cada caso. Ahora, con la ratificación del Supremo, muchos expedientes pueden retomarse sin necesidad de volver a empezar desde cero.
En comarcas como A Limia, Terra de Melide o el oeste de Ourense, donde el viento sopla con fuerza y regularidad, las torres eólicas podrían volver a dibujarse en el horizonte. Proyectos que llevaban años congelados por recursos y dudas legales ahora tienen vía libre para avanzar, al menos en el plano normativo.
Quien conozca el mapa energético gallego sabe que la región tiene potencial. Pero también barreras. Geográficas, sí, pero sobre todo burocráticas. Demasiado tiempo.
La Xunta respira, pero el camino sigue pedregoso
El Ejecutivo autonómico celebró el fallo como un respaldo a su hoja de ruta energética. Desde finales de 2022, ha intentado agilizar trámites con una norma que permite construir aerogeneradores en suelo rústico bajo ciertos criterios ambientales y técnicos. No es una habilitación absoluta, pero sí una puerta estrecha que ahora el Supremo confirma como legal.
Un responsable del sector, que pide no ser nombrado, señala que «al fin hay certidumbre». No es menor el dato: más de 60 proyectos estaban en suspenso, algunos con inversión ya comprometida, empleos previstos y acuerdos con ayuntamientos. Ahora podrían retomarse, aunque no todos al mismo ritmo.
Basta con mirar las últimas licitaciones del Estado: la demanda de energía verde crece. Y Galicia, con su orografía y viento, no puede quedarse al margen. Lo cierto es que el retraso ha sido costoso. La cifra habla por sí sola: apenas un 2% del total de la potencia eólica instalada en España corresponde a proyectos nuevos en Galicia desde 2020.
Conflictos locales, ecología y rentabilidad
No todo es legalidad. Detrás de cada aerogenerador hay vecinos, paisajes y decisiones políticas locales. Algunos municipios, como en la zona de Quiroga o en partes de Terra de Soneira, han mostrado resistencia. Argumentan impacto visual, ruido o efectos sobre aves rapaces.
Fuentes municipales de zonas afectadas reconocen que «no es solo una cuestión de ley, sino de aceptación social». Y eso no se gana con sentencias, sino con participación. Algunos concellos exigen estudios ambientales más profundos, compensaciones económicas o participación en los beneficios.
Pocas veces se ha visto tanta tensión entre desarrollo sostenible y sostenibilidad social. Un parque eólico puede ser limpio desde el punto de vista climático, pero generar fricción en el terreno. Ahí está la clave: cómo repartir no solo megavatios, sino también rentas y decisiones.
El reloj del cambio climático no espera
La UE exige a España aumentar su capacidad renovable en línea con el Pacto Verde. El objetivo: 76 GW de eólica instalada en 2030. Hoy, el país ronda los 30 GW. El salto es abismal. Y Galicia, con condiciones naturales favorables, no puede ser un retraso constante.
El fallo del Supremo no resuelve todos los problemas. Quedan licencias municipales, informes de impacto ambiental, conexión a red y posibles recursos ante tribunales superiores. Pero al menos elimina una incertidumbre que paralizaba inversiones desde hace casi un año.
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