Facua ha puesto el foco sobre una realidad que sufren a diario los conductores gallegos: el precio del gasóleo no es homogéneo y las oscilaciones entre estaciones de servicio pueden convertirse en un golpetazo al bolsillo. Según el último análisis hecho público este miércoles, la brecha máxima en Galicia alcanza 42 céntimos por litro, con importes que van desde 1,729 euros en una gasolinera de la ciudad de A Coruña hasta 2,149 euros en una de San Sadurniño. A escala práctica, llenar un depósito puede suponer una diferencia de hasta 21 euros para el mismo vehículo.

Los datos y cómo se han obtenido

El estudio analiza los precios declarados por las propias estaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y toma como referencia 12.378 surtidores en toda España, con actualización a primera hora de la tarde del miércoles 18 de marzo. Junto a la radiografía gallega, el informe compara las 50 provincias y sitúa a Murcia, Sevilla y Bizkaia entre las que presentan mayores desigualdades, con diferencias máximas de 1,18, 1,04 y 0,87 euros por litro, respectivamente.

La organización de consumidores responsabiliza parcialmente de la subida al reciente episodio bélico en Oriente Próximo: el litro de gasóleo, subraya Facua, ha aumentado de media 47 céntimos en España desde que se produjo el ataque conjunto atribuido a Estados Unidos e Israel contra Irán. No obstante, la asociación insiste en que muchas gasolineras han aprovechado la coyuntura para incrementar sus márgenes, una práctica que considera abusiva.

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«Multitud de gasolineras están aprovechando la excusa de la subida del petróleo para aumentando sus márgenes de beneficio»,

La cita anterior, remitida por la propia asociación, refleja la denuncia que ha activado el debate público en los últimos días. En Galicia, donde la dispersión geográfica y la dependencia del vehículo privado son grandes, una diferencia de precio tiene más impacto que en un entorno urbano con transporte colectivo potente.

Por qué afecta de forma distinta a Galicia

La orografía y la red de comunicaciones gallegas ayudan a explicar parte de la variabilidad. Desde los polígonos industriales del área metropolitana de A Coruña hasta los núcleos rurales del interior —comarcas como la de Ferrolterra o el límite con la Terra Chá—, la logística de suministro y la competencia entre surtidores no es la misma. En municipios pequeños, donde hay una estación y media, la falta de competencia facilita que el precio se mantenga más alto.

Además, la estacionalidad turística en puntos como las Rías Baixas o la costa da Morte puede provocar picos de demanda que las gasolineras repercuten en el precio. No hay que olvidar tampoco la presencia de operadores low cost y de grandes cadenas junto a estaciones tradicionales, una convivencia que a veces se traduce en estrategias comerciales divergentes: promociones temporales en un lugar, márgenes elevados en otro.

En el plano institucional, la Xunta de Galicia ha venido reclamando medidas de control del mercado cuando los precios energéticos se disparan, pero la competencia en materia de fiscalidad y la atribución de las medidas reguladoras complica respuestas inmediatas. A nivel estatal, el Ministerio exige a las empresas comunicar sus precios, pero los mecanismos para sancionar subidas injustificadas son complejos y requieren pruebas de abuso.

Repercusiones para conductores, empresas y política

Para el conductor medio gallego la diferencia es tangible: en un vehículo con un depósito de 50 litros, como recuerda el informe nacional, la elección de una u otra gasolinera puede suponer hasta 21 euros de ahorro o gasto extra en Galicia. En provincias con mayor disparidad, ese ahorro puede subir incluso a 59 euros por depósito, como ocurre en Murcia. Los profesionales del transporte y la distribución, cuyos márgenes ya son ajustados, ven cómo los costes operativos se trasladan al precio final del servicio.

Desde el punto de vista político, la reclamación de Facua para que el Gobierno aplique precios máximos ha encontrado respuesta desigual en otros países: hay Estados que han optado por topes temporales para proteger al consumidor, mientras que otros privilegian medidas fiscales o subvenciones. Entre los ejemplos citados por la asociación figuran Croacia, Ucrania y México, naciones que anunciaron límites a determinados precios.

En la arena gallega, la presión de asociaciones de consumidores y de colectivos profesionales suele traducirse en solicitudes formales a la Xunta y al Ministerio para que vigilen márgenes y prácticas. A falta de una intervención directa del Ejecutivo central, queda en manos de los reguladores comprobar si las diferencias obedecen a costes reales de distribución o a una elevación voluntaria de márgenes.

En la calle, los usuarios ya actúan: aplicaciones y redes sociales se han convertido en termómetros del mercado, con conductores compartiendo dónde conviene repostar. Ese comportamiento recuerda las buenas prácticas de los años de crisis, cuando el ciudadano aprendió a comparar precios y a planificar repostajes para minimizar el impacto económico.

Mirando hacia adelante, la posibilidad de que la situación internacional vuelva a tensionarse obliga a mantener la vigilancia. Para Galicia, con su tejido productivo ligado al transporte y a la pesca, cualquier subida sostenida de los carburantes erosiona competitividad y renta disponible. Más allá de las medidas puntuales, el debate público exige una respuesta coordinada que combine mayor transparencia, control de márgenes y alternativas de movilidad que reduzcan la exposición de hogares y empresas a las oscilaciones del mercado petrolero.