Una sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña ha concluido que en la cantera de Miramontes, en la parroquia compostelana de Grixoa, se cometió un delito contra el medio ambiente por la actividad desarrollada entre 2016 y 2018. El fallo, aceptado por conformidad por las partes, condena tanto a la empresa responsable, Tecnosolos Galaicos, como a su administrador, y documenta contaminación del suelo y de las aguas por sobrepaso de autorizaciones, vertidos y acumulación prolongada de residuos.

Hechos probados y consecuencias penales

Los hechos acreditados por la Audiencia recogen que la mercantil superó de forma continuada la capacidad autorizada de tratamiento de residuos, almacenó material en zonas no habilitadas y mantuvo desechos a la intemperie, lo que facilitó la formación de lixiviados y vertidos sin tratamiento. Además, constan análisis que detectaron contaminantes por encima de los límites legales —entre ellos cadmio, nitratos, hidrocarburos, plomo y zinc— y una afección al subsuelo y a las aguas subterráneas. En 2018 se documentó, además, un vertido de aguas residuales sin depurar.

Como resultado de la conformidad, el administrador de la empresa aceptó una pena de 18 meses de prisión, así como multa e inhabilitación para actividades relacionadas con la gestión de residuos por el mismo periodo. La empresa fue sancionada con una multa económica y la resolución se considera firme, sin posibilidad de recurso tras el acuerdo entre las partes implicadas.

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Vecinos y técnicos coinciden en que, más allá de la sanción penal, la prioridad es la reparación ambiental. Los peritajes incluidos en la causa apuntan a un daño con potencial de afectación a acuíferos que abastecen zonas de la contorna compostelana, por lo que la correcta remoción y tratamiento de los materiales es clave para evitar que los impactos persistan en el tiempo.

Respaldo a las denuncias vecinales y crítica al control institucional

Las organizaciones vecinales que desde hace años vienen alertando sobre la cantera han recibido la sentencia como una confirmación de sus reivindicaciones. La Federación de Asociacións do Rural de Santiago (FERUSA) y la Plataforma de Afectados por el vertedero de Miramontes han insistido en que las inspecciones no reflejaban la realidad que sufrían los habitantes del entorno.

“Confirma o que nós sospeitábamos desde un principio… as inspeccións non eran reais; a razón estaba da nosa parte”,

dijo a este periódico Santiago López, portavoz de la plataforma. Su discurso contiene rabia contenida y el cansancio de años de reclamaciones: olores pestilentes, lixiviados visibles en episodios de lluvia y la sensación de que la Administración autonómica, en algún momento, concedió a la empresa una reputación de ejemplaridad que la sentencia desmiente.

La crítica al control institucional es una constante en las protestas locales. Fuentes vecinales recuerdan comunicados de la Xunta que, en su día, valoraron positivamente la actividad. Ese contraste entre la evaluación oficial y la evidencia sobre el terreno alimenta ahora una petición de responsabilidades administrativas y de una revisión de los procedimientos de inspección y seguimiento de instalaciones similares en Galicia.

Retirada de los residuos: de la obligación judicial a la realidad material

La vía penal ha cerrado un capítulo, pero queda abierto el asunto de la restauración ambiental. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya había ratificado la obligación administrativa de retirar los residuos depositados en la cantera, que no pueden considerarse tecnosuelos válidos. No obstante, la ejecución de esa obligación no se ha materializado y los colectivos exigen un plan público y cronograma claros para la retirada y el tratamiento.

La preocupación de las entidades vecinales no es sólo técnica: señalan el riesgo de que la situación concursal de la empresa frene las actuaciones de limpieza. Por ello reclaman que la Xunta active mecanismos que eviten que la imposibilidad económica de la mercantil paralice la restauración ambiental, y piden transparencia sobre el estado actual de la cantera y garantías de que los trabajos incluirán medidas de control de emisiones, impermeabilización y seguimiento de aguas subterráneas.

En el terreno, los afectados aseguran que la actividad de vertido está paralizada —“agora non entra lixo que sepamos”— pero advierten de la persistencia de olores y, en ocasiones, de episodios que parecen indicar afecciones a cursos de agua próximos. Técnicos consultados por este diario subrayan que los lixiviados acumulados pueden dar problemas duraderos si no se abordan con soluciones de ingeniería y gestión de residuos conformes a la normativa.

Repercusiones políticas y pasos previstos

En la arena política, la sentencia coloca a la Xunta ante la necesidad de dar respuestas concretas. Más allá de la sanción al responsable y a la empresa, la Administración autonómica debe garantizar la ejecución de la restauración y demostrar que las lecciones aprendidas servirán para evitar casos similares. En Galicia han existido episodios anteriores de conflictos por gestión de residuos y vertederos, lo que convierte esta resolución en un termómetro de la capacidad institucional para corregir errores.

A falta de confirmación oficial sobre el calendario de actuaciones, las asociaciones vecinales han emplazado a la Consellería competente a publicar en plazos próximos un plan de retirada con hitos y responsables identificados. También demandan medidas de seguimiento público y accesible de la calidad de las aguas y del subsuelo para que la ciudadanía pueda comprobar la eficacia de las actuaciones.

Este no es un cierre sino un punto de partida: la pena impuesta y la firmeza del fallo respaldan las denuncias, pero la comunidad de Grixoa y los municipios limítrofes esperan que la justicia sea efectiva en términos ambientales, no sólo simbólicos. La restauración real del daño, repiten, será el verdadero termómetro de la resolución.

En provincias como A Coruña y en municipios rurales de Galicia, la gestión de residuos continúa siendo una asignatura pendiente. La historia de Miramontes recuerda que la supervisión, la transparencia y la participación vecinal deben ir de la mano si se quiere evitar que los episodios de contaminación terminen por castigar a quien vive junto al lugar donde otros depositan residuos.