Un exalto funcionario que desempeñó un papel central en la gestión de políticas públicas durante la primera etapa del gobierno de Pedro Sánchez está siendo investigado por su presunta responsabilidad en tres tramas irregulares detectadas por el sistema judicial. Las pesquisas señalan que las actividades se desarrollaron bajo su supervisión directa mientras ocupaba uno de los cargos más relevantes del entorno ministerial.
El rastro comienza en una oficina del centro de Madrid
En una calle cercana a la Plaza de Colón, una oficina institucional fue, según indican las actuaciones judiciales, el epicentro de decisiones que ahora están bajo sospecha. Allí, quien entonces ostentaba la segunda posición en jerarquía de un departamento clave habría impulsado mecanismos de contratación opacos, alterando los cauces habituales de gestión pública. No se trata de errores administrativos, sino de un patrón repetido que, según los indicios, permitió derivar fondos a empresas cuya vinculación con el entorno del cargo investigado no es menor el dato.
Las tres líneas de investigación se entrelazan en torno a la adjudicación exprés de contratos, el uso de sociedades interpuestas y la manipulación de pliegos técnicos. Una de ellas afecta a un programa de empleo juvenil en Galicia, donde una empresa de reciente creación obtuvo una concesión de varios millones sin haber participado en procesos competitivos previos. Las facturas se emitían desde un local en Arteixo, aunque las actividades reales eran difíciles de verificar. A nadie se le escapa que en estos casos, el hueco entre lo declarado y lo ejecutado suele ser el más revelador.
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Lo cierto es que no es la primera vez que este tipo de mecanismos sale a la luz en el seno de la administración estatal. Pero lo que diferencia este caso es la concentración de responsabilidades en una sola persona durante un periodo de apenas dos años. Fuentes judiciales detallan que, entre 2020 y 2022, se aprobaron al menos veintiséis órdenes de pago sin informe previo de control, muchas de ellas firmadas por el ahora investigado. Algunas superaban los 800.000 euros. Demasiado tiempo.
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Hosting WordPress →Una de las tramas se centra en servicios de consultoría supuestamente prestados a través de una fundación vinculada a un partido político. Los contratos se formalizaron sin concurso, amparándose en “urgencia”, aunque el juzgado ha cuestionado la existencia real de dichos servicios. El dinero, en varios casos, terminó en cuentas de sociedades radicadas en la Comunidad de Madrid y en Pontevedra, donde se detectaron movimientos inusuales en fechas cercanas a procesos electorales locales.
Conviene recordar que, en 2021, una auditoría interna ya levantó alertas sobre la falta de documentación en al menos cuatro expedientes clave. Sin embargo, las recomendaciones no se aplicaron. No parece casualidad que, desde entonces, varios de los técnicos que firmaron esos informes hayan sido apartados de sus funciones o hayan solicitado su traslado. La cifra habla por sí sola: más del 70% de los contratos irregulares identificados por la justicia proceden de ese periodo y de ese despacho.
El papel de los intermediarios y el círculo de confianza
Aunque el foco está en el exalto cargo, la investigación también ha puesto bajo lupa a una serie de personas que actuaban como enlaces entre la administración y las empresas beneficiarias. Algunas de ellas tenían historial de sanciones por infracciones fiscales o laborales. Otras, pese a carecer de experiencia en el sector, fueron contratadas como “expertas” en proyectos de alto impacto presupuestario.
En un caso concreto, una persona investigada fue contratada como asesora para un programa de digitalización en la comarca de A Mariña. El contrato se adjudicó en menos de setenta y dos horas, sin publicarse en el perfil del contratista. El informe técnico lo firmó un funcionario.
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