domingo, 31 de mayo de 2026 | Galicia, España
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Un exnúmero dos en la diana judicial

Un exnúmero dos en la diana judicial

La justicia ha situado a un antiguo alto cargo del Gobierno, hasta hace poco segundo en la jerarquía ministerial, en el centro de tres investigaciones por presunta actividad delictiva durante su mandato. Las pesquisas, que siguen abiertas, vinculan al exresponsable con redes de corrupción en sectores sensibles del Estado.

El eje del poder, ahora en el foco

Quien fuera mano derecha del presidente durante años no figura ya en el organigrama oficial. Pero su sombra sigue proyectándose sobre la política nacional. Fuentes judiciales señalan que su figura aparece en al menos tres causas judiciales distintas, todas ellas relacionadas con maniobras irregulares en contrataciones públicas, favores institucionales y estructuras opacas de gestión. No se trata de meras sospechas: los indicios, según se desprende de autos judiciales, serían suficientes para considerarlo cabecilla de lo que los investigadores describen como tramas organizadas.

En una de ellas, se investiga una red de adjudicaciones en el entorno de organismos dependientes de su ministerio. En otra, los hilos conducen a intermediarios que actuaban como tapadera en la concesión de ayudas millonarias. La tercera, más compleja, apunta a una suerte de entramado paralelo que habría operado desde las sombras, aprovechando información privilegiada y contactos institucionales. Todo en el periodo en que el exalto cargo ostentaba el mando directo.

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El peso de la sospecha institucional

No es menor el dato: que un funcionario de tan alto nivel esté siendo examinado por tres vías distintas sugiere una red de conductas sistematizadas, no errores puntuales. A nadie se le escapa que, en la práctica, quien ocupa ese puesto controla presupuestos, designa responsables clave y tiene acceso directo al despacho presidencial. Eso multiplica la gravedad de lo que se investiga.

Conviene recordar que, en Galicia, no hace tanto que se destaparon casos similares en administraciones locales. En O Baixo Miño, por ejemplo, una trama de adjudicaciones irregulares sacudió varios concellos. En Ferrol, años después, los tribunales desmantelaron una red que operaba tras la fachada de sociedades instrumentales. Ahora, el escándalo parece haber ascendido de escala. Y de categoría.

Lo cierto es que el salto de lo local a lo estatal no es solo geográfico. Es de magnitud. Las cifras que rodean estas investigaciones no se cuentan en cientos de miles, sino en millones. Y el daño, más allá del económico, afecta a la credibilidad del sistema. “Cuando quien debe garantizar la transparencia está bajo investigación, el ciudadano pierde confianza”, señala un responsable del sector jurídico que prefiere no dar nombre.

El silencio del Ejecutivo

El actual Gobierno ha guardado un silencio prácticamente absoluto sobre el caso. No hay declaraciones, no hay comparecencias, no hay gestos. Solo la confirmación burocrática de que el exalto cargo ya no forma parte del Consejo de Ministros. Pero nada más. Ni una palabra sobre su gestión, ni una valoración sobre las acusaciones. Como si el pasado se hubiera borrado con un simple cambio de nombre en el organigrama.

¿Es estrategia o debilidad? Difícil saberlo. Lo que sí está claro es que la oposición ha intensificado sus preguntas en el Congreso. Algunos diputados han pedido la apertura de una comisión de investigación. Otros, más directos, exigen que se aclare si hubo conocimiento o encubrimiento desde la Moncloa. Pero las respuestas siguen sin llegar.

Basta con mirar los tiempos judiciales para entender la frustración ciudadana. Las causas avanzan, pero lentas. Entre sobreseimientos, recursos y acumulaciones, los procesos se dilatan. Y mientras, los nombres, aunque no se digan en voz alta, circulan en tertulias, en redes, en corrillos de bar. La presunción de inocencia, tan necesaria, choca con una percepción generalizada de impunidad estructural.

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M

Miguel Ángel Vázquez

Redactor especializado en economía y empresas. Cubre la actualidad económica de Galicia y España para Galicia Universal.

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