La UDEF investiga a familiares de exdirigentes por empresa en Galicia

Una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha puesto el foco en una sociedad radicada en la comarca de O Salnés, vinculada a dos hijas de un expresidente del Gobierno. La empresa, que apenas registró actividad laboral más allá de un único empleado, está siendo escrutada por posibles irregularidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales y en la justificación de ingresos millonarios. Fuentes judiciales confirmaron que las diligencias avanzan en Madrid, aunque el domicilio social y algunos movimientos financieros se rastrean desde Galicia.

La operación no parte de hechos delictivos directos, sino de un entramado societario que llama la atención por su desproporción: una firma con una sola persona en plantilla, pero con contratos de alto valor y vinculaciones a instituciones públicas. Ese contraste ha activado las alarmas en la UDEF, que ya ha solicitado documentación contable, movimientos bancarios y papeleo societario a distintas administraciones. El caso, aún en fase de investigación previa, podría derivar en querella si se confirman indicios de delito fiscal o blanqueo.

Una sociedad con mínima huella laboral

La empresa, constituida en 2021 en el Registro Mercantil de Pontevedra, tiene su sede en un edificio de oficinas en Vilagarcía de Arousa. Su objeto social incluye servicios de consultoría, formación y gestión de proyectos europeos. Sin embargo, pese a facturar varios millones en poco tiempo, apenas ha tenido personal contratado. El único empleado registrado fue dado de baja meses después de su contratación, lo que ha generado dudas sobre la capacidad real de la firma para ejecutar los proyectos que adjudicó.

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Lo cierto es que una compañía con una sola persona en plantilla puede operar legalmente, pero difícil resulta explicar cómo gestionó contratos de envergadura sin estructura operativa. Fuentes del sector público admiten que “nadie cuestionó en su momento la solvencia técnica”, porque la empresa presentaba garantías económicas y avales bancarios. Ahí está la clave: los fondos parecían estar, pero el músculo humano, no.

Conviene recordar que, en los últimos años, varias sociedades vinculadas a figuras públicas han sido investigadas por modelos similares: empresas con poca actividad declarada, pero con acceso a contratos institucionales. No es menor el dato: desde 2020, la Inspección de Trabajo ha intensificado los controles sobre falsos autónomos y sociedades instrumentales. En este caso, la UDEF actúa con lupa sobre los ingresos, los gastos reales y la trazabilidad del dinero.

Vínculos con fondos europeos y contratación pública

Parte del dinero manejado por la sociedad procedería de subvenciones ligadas a fondos Next Generation. En concreto, se habría presentado a convocatorias de modernización empresarial y digitalización de pymes, cofinanciadas por la Unión Europea. Las ayudas, destinadas a reactivar la economía tras la pandemia, están siendo especialmente vigiladas por la Fiscalía Anticorrupción.

El problema surge cuando esos justificantes se desmontan. Y en este caso, la UDEF ya ha pedido acceso a las facturas de servicios, a los contratos con terceros y a las declaraciones del Impuesto de Sociedades. También se investiga si hubo doble facturación o si los servicios declarados realmente se prestaron. Demasiado tiempo entre la solicitud y la ejecución. La cifra habla por sí sola: más de 1,2 millones en ingresos en dos años, sin una estructura que lo r

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