La UDEF investiga gestión financiera desde un domicilio

Un operativo nacional coordinado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha puesto bajo lupa una red de gestión económica irregular que, según fuentes judiciales, podría haber sido coordinada desde un domicilio privado en la comarca de Santiago. Las pesquisas apuntan a que actuaciones de alto impacto financiero se orquestaron al margen de oficinas institucionales, aprovechando la infraestructura doméstica como centro de control.

La investigación, aún en fase de instrucción, no ha concluido con detenciones, pero sí con el registro de varios puntos estratégicos en Galicia, Madrid y Valencia. El enfoque central del caso gira en torno al uso de dispositivos tecnológicos, cuentas offshore y transferencias en cadena que habrían eludido controles fiscales durante años. A nadie se le escapa que, hoy en día, un solo ordenador con conexión puede convertirse en el epicentro de una operación que mueve millones.

El papel del domicilio en la trama

Quien habría dirigido la red no actuaba desde una sede oficial, ni siquiera desde una oficina compartida. Las primeras conclusiones de la UDEF apuntan a que las decisiones clave se tomaban en un piso habitual, con facturas de luz y agua a nombre de una persona física. No es menor el dato: desde una cocina en O Milladoiro se habrían gestionado flujos de dinero que pasaron por Panamá, Holanda y Gibraltar.

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Las escuchas, documentadas en el sumario provisional, revelan conversaciones en las que se mencionan “ajustes contables”, “reestructuraciones urgentes” y “liquidaciones cruzadas”. Todo, sin que nunca se citara un despacho profesional ni se hiciera referencia a un bufete. Basta con mirar los informes de Hacienda para ver que en los últimos tres años, empresas vinculadas al entramado acumularon más de 30 millones en facturación, pero declararon apenas el 12%. La cifra habla por sí sola.

Una red con ramificaciones en el sector energético

El caso adquiere mayor gravedad al descubrirse que parte del dinero investigado está ligado a contratos públicos en el ámbito de las energías renovables. En concreto, adjudicaciones en zonas rurales de Ourense y Lugo, donde se levantaron parques eólicos con financiación autonómica. Fuentes del sector señalan que algunas de las empresas beneficiarias carecían de experiencia previa, pero ganaron concursos por hasta un 40% menos que la media.

¿Cómo es posible? Las hipótesis policiales apuntan a sobrevaloración de costos, facturas falsas y sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales. Una persona investigada, que responde a las iniciales S.R., habría actuado como testaferro en al menos cinco firmas registradas en la Comunidad de Madrid. Demasiado tiempo. Demasiadas casualidades.

Conviene recordar que en 2022 ya saltaron las alarmas cuando una cooperativa de Fermoselle —municipio limítrofe con Verín— denunció irregularidades en un contrato de mantenimiento que había sido subcontratado tres veces, sin que quedara rastro de obra ejecutada. Esa denuncia quedó archivada. Ahora, los investigadores creen que forma parte del mismo entramado.

El silencio de las instituciones

Nadie en las administraciones afectadas ha ofrecido declaración oficial. Ni en la Xunta, ni en el Ministerio de Transición Ecológica. Tampoco en los ayuntamientos donde se concedieron las licencias. Las respuestas, hasta ahora, han sido burocráticas: “se colabora con la justicia”, “se remiten los expedientes”, “se aguardan conclusiones”.

Pero el ciudadano de a pie no entiende de silencios protocolarios. Piensa en el dinero de sus impuestos. En las carreteras sin asfaltar. En los centros de salud sin médicos. Y se pregunta: ¿cuántos proyectos así han prosperado mientras otros, más necesarios, se quedaron en el cajón?

Hay un dato que no aparece en los informes, pero que cualquiera en Monforte o en Allariz conoce: las grandes inversiones llegan, pero rara vez se ven. Las grúas aparecen, hacen ruido, y luego desaparecen. Quedan torres, sí, pero también deudas, promesas incumplidas y empleos que nunca llegaron. No parece casualidad que, en municipios con menos de 5.000 habitantes, los concursos públicos hayan sido ganados en un 70% por empresas sin sede física ni trabajadores registrados en la zona.

¿Hasta dónde llega la trama?

La UDEF no descarta ampliar la investigación a otras áreas: gestión de residuos, construcción de viviendas sociales, incluso fondos europeos del Plan de Recuperación. Las primeras líneas de auditoría ya han detectado movimientos similares en Castilla y León y Cataluña. Ahí está la clave: si el modelo se replicó, el caso podría dejar de ser un asunto aislado para convertirse en un patrón sistémico.

Lo cierto es que cada vez es más difícil distinguir entre gestión política y negocio privado. Cuando un cargo público toma decisiones que afectan al interés general desde un entorno no supervisado, los riesgos se multiplican. Y cuando esas decisiones se ocultan tras capas de empresas, la transparencia se evapora.

Galicia no es ajena a este tipo de casos. En los últimos diez años, al menos seis operaciones policiales han destapado redes de corrupción con estructuras parecidas: control desde lo privado, beneficio en lo público, silencio en lo institucional. Y al final, siempre hay un domicilio que nadie vigila, con un portátil encendido, y una conexión a internet que nadie rastrea.

¿Cuántos otros pisos como ese hay ahí fuera, moviendo hilos invisibles? El registro de un solo inmueble puede abrir la caja de Pandora. O puede quedarse en una más del montón. Depende de si se quiere mirar. Y de quién tenga que rendir cuentas después.

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