Xunta de Galicia deberá afrontar a partir de agosto un notable incremento en la factura del seguro que cubre su parque móvil: la prima anual pasa de los 643.000 euros pagados hasta ahora a un contrato tasado en 1 millón de euros al año. La Consellería de Facenda ha sacado a licitación una póliza que, por su valor total y prórrogas posibles, puede llegar a los 3,2 millones de euros en hasta tres años, una decisión motivada, explican los pliegos, por la subida sostenida de la siniestralidad y del coste de las reparaciones.

El aumento de siniestros y el coste medio por accidente

Los datos que justifican el encarecimiento no son menores. La flota de la Administración autonómica registró desde agosto de 2022 un total de 2.227 siniestros, con anualidades que han oscilado entre los 639 y los 684 accidentes. Solo en cinco meses de 2025 se anotaron otros 308 percances. El problema no es solo el número: la frecuencia ha pasado del 34% al 38% y, sobre todo, el coste medio por siniestro se ha disparado desde los 834 euros de hace cuatro años hasta los 1.858 euros en 2025.

El resultado de esa combinación es que los daños declarados entre agosto y diciembre del pasado año supusieron un importe de 572.400 euros, una cifra que los técnicos de Facenda describen como muy superior a la prima abonada por la aseguradora y que ha terminado por encarecer el concurso. Como explican los pliegos, “Resulta imposible mantener precios similares a los del seguro actual” ante esta evolución.

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“Hay una tendencia al alza y cada vez se limitan más las coberturas debido a la presencia de nuevos riesgos y a la renovación anual del baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico, unido a la inflación de los últimos años”.

La flota y las coberturas que se buscan

La Xunta mantiene un parque móvil de 1.968 vehículos, cifra que apenas varió desde 2022 salvo por la incorporación de 33 unidades. En ese conjunto hay casi un millar de turismos —más de la mitad asegurados a todo riesgo— junto a 374 todoterrenos, 182 camiones, 172 furgones y furgonetas, 121 tractores agrícolas y hasta 10 motocicletas. Además, en este periodo se incrementó en 271 unidades el número de vehículos que requieren cobertura a todo riesgo, lo que también empuja al alza la prima.

La póliza que licita Facenda incluye cobertura de responsabilidad civil por daños personales y a bienes, y fija indemnizaciones de hasta 75.000 euros por muerte o invalidez permanente del conductor. También contempla la defensa penal y la constitución de fianzas en procedimientos judiciales, asesoramiento sobre sanciones de tráfico, reparación de lunas, remolcado y rescate desde el kilómetro 0 (hasta 450 euros) y un complemento por alojamiento de 100 euros por noche cuando los ocupantes deban pernoctar. Se cubren igualmente incendios, explosiones y robos, y la compañía deberá hacerse cargo de traslados al domicilio habitual si procede.

Repercusiones presupuestarias y medidas a considerar

Para la Consellería de Facenda, el encarecimiento supone una presión añadida sobre un capítulo de gastos que tradicionalmente ha estado muy vigilado. La diferencia entre la prima anterior y la prevista —un 65% más— no solo afecta al presupuesto corriente: también plantea preguntas sobre la gestión preventiva de la flota y la estrategia de contratación. Algunas de esas respuestas pasan por renovar vehículos viejos, implantar sistemas telemáticos de control y fomentar la formación de conductores, medidas que desde hace tiempo se apuntan como las más eficaces para reducir siniestros.

En la práctica, la Xunta ya ha ido renovando parte de sus vehículos en diferentes departamentos, pero la elevada diversidad del parque —desde turismos oficiales hasta tractores— complica una política única de sustitución. Además, la reparación media de los vehículos se ha encarecido por la inflación y el aumento del precio de las piezas, un factor externo que también empuja a las aseguradoras a subir primas o a recortar coberturas.

Políticamente, el aumento puede convertirse en un argumento de debate. La oposición suele aprovechar estos episodios para reclamar más control sobre el gasto público y mayor transparencia en la gestión del parque móvil; por su parte el Gobierno autonómico defiende que trasladar esos costes a la plantilla no sería viable y que el seguro colectivo sigue siendo el mecanismo más eficiente para afrontar siniestros y responsabilidades frente a terceros.

Un elemento que suma complejidad es la siniestralidad en la red viaria gallega: algunos tramos han concentrado en los últimos años siniestros que obligan a reforzar campañas de concienciación y a invertir en seguridad vial. La imagen de vehículos dañados en municipios del interior, como los destrozos vistos en Silleda en 2023, sigue presente en la memoria colectiva y subraya que la gestión del riesgo no es solo un problema contable sino también de prevención y mantenimiento de infraestructuras.

La licitación que arranca en agosto será, además, una prueba para el mercado asegurador: se exige cubrir una gama amplia de riesgos y prestar servicios de asistencia y asesoramiento que en el pasado han resultado caros. Las condiciones del concurso, junto a la evolución de la siniestralidad en los próximos meses, marcarán si la Xunta logra contener la escalada de costes o si la tendencia alcista se consolida.

En última instancia, la decisión de elevar la prima pone sobre la mesa una combinación de factores estructurales —inflación, baremos indemnizatorios, encarecimiento de reparaciones— y operativos —frecuencia y coste medio de los siniestros— que exigirá respuestas coordinadas. Más gasto en pólizas puede ser necesario a corto plazo, pero la pregunta que queda abierta es si la Xunta apostará por medidas más activas para reducir los siniestros y, con ello, aliviar en el futuro la presión sobre las cuentas públicas.