Xunta y su Consellería de Facenda han puesto en marcha la licitación del seguro del parque móvil autonómico con un presupuesto que roza el millón de euros anuales, frente a los 643.000 euros que se abonaban hasta ahora. La decisión, que se hará efectiva a partir de agosto y se articula en un contrato de 3,2 millones de euros con posibilidad de dos prórrogas, responde al repunte sostenido de accidentes en los vehículos oficiales: entre agosto de 2022 y julio de 2025 se contabilizaron 2.227 siniestros.

El aumento de la siniestralidad y las cifras que lo explican

Los datos que maneja la Administración autonómica no dejan lugar a equívocos. La flota, compuesta por 1.968 vehículos, apenas ha aumentado en el último lustro —solo 33 unidades más—, pero la naturaleza de los autos en cartera y la frecuencia de los percances han cambiado. No solo se han contabilizado más accidentes: también se ha disparado el coste medio por siniestro. Si hace cuatro años la media era de 834 euros por siniestro, en 2025 la cifra subió hasta 1.858 euros.

La distribución del parque no es trivial. Hay casi un millar de turismos, de los cuales más de la mitad requieren póliza a todo riesgo; además, figuran 374 todoterrenos, 182 camiones, 172 furgones y furgonetas, 121 tractores agrícolas y hasta 10 motocicletas. Ese mix explica en parte por qué reparaciones y recambios se traducen ahora en facturas más altas. Solo entre agosto del pasado año y diciembre el coste total de los siniestros alcanzó los 572.400 euros, una cifra que las autoridades califican como «desfase respecto a la prima contratada».

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Por años, la progresión de siniestros mostró altibajos: 639 incidentes entre agosto de 2022 y julio de 2023; 596 en la anualidad siguiente; y un repunte a 684. Sin embargo, la incidencia de 2025 —308 accidentes en solo cinco meses— pone en evidencia una tendencia ascendente. Más preocupante aún es el ratio de frecuencia, que ha pasado del 34% al 38% en el periodo analizado, un factor que multiplica la carga para las aseguradoras y para las arcas públicas.

Razones del encarecimiento: más riesgos, más coberturas y mercado tenso

La Xunta aduce varias causas para justificar el incremento del 65% en la prima. A la mayor siniestralidad directa se suma que ahora hay 271 vehículos adicionales que requieren cobertura a todo riesgo, una modalidad que encarece sustancialmente la póliza. Además, la evolución del mercado asegurador ha sido al alza: las compañías restringen coberturas, revisan al alza sus baremos y adaptan precios ante la subida generalizada de costes.

En los pliegos de contratación se apunta también a la inflación y a la renovación anual del baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico como factores que tensionan la cuenta. «Resulta imposible mantener precios similares a los del seguro actual», recogen los documentos oficiales, una frase que resume la sensación dentro de la Consellería. A ello se suma el aumento del coste de reparación de vehículos, especialmente de modelos con piezas más caras o de sistemas electrónicos sensibles, cada vez más presentes en la flota oficial.

«A esto hay que sumar la tendencia al alza del mercado asegurador y la limitación de coberturas por nuevos riesgos», señala el pliego

No es solo una cuestión de números. Las características de las carreteras gallegas, con tramos de montaña y vías secundarias estrechas, elevan la probabilidad de siniestros con daños considerables. Cabe recordar episodios de daños en municipios como Silleda o en tramos de la A-55 y la N-525, donde las incidencias han vuelto a poner el foco en la seguridad vial y en la logística de la flota pública.

Coberturas propuestas y el impacto presupuestario

La póliza que se solicita contemplará responsabilidad civil por daños personales y materiales, con una cobertura por muerte o invalidez permanente del conductor de hasta 75.000 euros. Se incluyen además defensa penal, constitución de fianzas, asesoramiento sobre multas y una asistencia en viaje desde el kilómetro 0 que contempla 450 euros por remolque y rescate y 100 euros por noche si los ocupantes necesitan hospedaje, así como traslado del conductor y acompañantes al domicilio habitual.

Para la Xunta, el desembolso supone un esfuerzo financiero que deberá incorporarse a los presupuestos de la Consellería de Facenda. El contrato previsto, con un importe máximo de 3,2 millones de euros para hasta tres años, se presenta como una fórmula para dar estabilidad a la cobertura, aunque también encierra el riesgo de que el coste se mantenga elevado si no se corrigen los factores que inflan la siniestralidad.

En el terreno político, la medida no pasa desapercibida. Los grupos de la oposición ya alertaron en otras ocasiones sobre el control del gasto público y la necesidad de modernizar y racionalizar el parque móvil. Por su parte, la Xunta defiende la protección jurídica y económica del personal que conduce vehículos oficiales y la garantía de continuidad del servicio público, dos argumentos que utilizan para justificar la apuesta por una cobertura más amplia pese al encarecimiento.

De aquí a agosto restan meses para que el nuevo contrato entre en vigor. La licitación abrirá un debate técnico sobre si es posible reducir siniestralidad mediante políticas internas: control de telemetría y conducción, renovación por modelos menos costosos de reparar, o una gestión más estricta de quién y cuándo usa los vehículos. Si no se actúa sobre las causas —más allá de pagar primas superiores—, la factura volverá a repetirse en los próximos ejercicios, con impacto directo en las cuentas autonómicas y en la percepción ciudadana sobre la gestión del patrimonio público.