Las redes de la Guardia Civil en el punto de mira: análisis de su papel tras las críticas a la UCO

Las críticas del juez Mateos reabren el debate sobre la confianza en la UCO

Lo que comenzó como un rifirrafe judicial en Madrid ha terminado por salpicar de lleno la percepción que los gallegos tienen de sus fuerzas de seguridad. El juez Juan José Mateos puso en entredicho la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y sus palabras han calado hondo en una Galicia que aún recuerda casos como el de la operación «Cóndor» o las investigaciones sobre el narcotráfico en las Rías Baixas. De repente, la maquinaria que durante décadas ha sido el orgullo silencioso de la lucha contra el crimen en esta terra se ve sometida a un escrutinio público inédito.

Las declaraciones del magistrado, vertidas en el marco de una pieza separada del caso «Kitchen», apuntan a una supuesta pérdida de imparcialidad en los informes elaborados por la UCO. Ahora bien, conviene no perder la perspectiva: la UCO no es un ente abstracto. En Galicia, sus agentes han sido clave en la desarticulación de clanes como los Charlines o los Castañas, y su reputación se ha forjado a base de operativos que han devuelto la calma a muchos concellos. Cabe recordar que el 80% de la cocaína que entra en España lo hace por las costas gallegas, un dato que sitúa a la unidad en el epicentro de una lucha constante y nada sencilla.

La retranca y la desconfianza: el sentir de la calle en las Rías Baixas

En las tabernas de Vilagarcía o en los muelles de Ribeira, la conversación ha cambiado de tono. Ya no es solo el runrún sobre el precio del marisco o la última obra del Xacobeo. Ahora, con esa retranca que tanto nos caracteriza, se comenta si los informes de la UCO son fiables o si, como dejó caer el juez Mateos, están «contaminados» por intereses políticos. La confianza es un capital que se gana gota a gota y se pierde a espuertas, y aquí, en una tierra de emigrantes y de pactos de silencio, la lealtad institucional se mide en décadas de trabajo bien hecho.

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Lo cierto es que la polémica llega en un momento delicado para la seguridad en la comunidad. La semana pasada, un informe de la Fiscalía de Pontevedra alertaba de un repunte del 15% en los delitos de tráfico de drogas en la provincia, una cifra que triplica la media del resto del Estado. Si a eso le sumamos la sombra de la duda sobre la principal unidad de investigación, el cóctel es explosivo. Los ciudadanos de a pie, los que viven en las aldeas del interior o en las villas costeras, se preguntan: «¿Quién vigila a los que nos vigilan?».

«La UCO ha sido durante treinta años la columna vertebral de la lucha contra el crimen organizado en Galicia. Cuestionar su labor sin pruebas sólidas es hacer un flaco favor a la seguridad de los gallegos», señala un inspector jefe de la Policía Nacional en Vigo, que prefiere mantener el anonimato.

Un futuro incierto para la credibilidad institucional

Más allá de las batallas judiciales, lo que está en juego es la percepción de que la justicia y la seguridad no son un coto privado para nadie. En Galicia, donde la memoria del caciquismo y la impunidad aún colea en los relatos de los avós, cualquier atisbo de parcialidad en las fuerzas del orden genera una morriña amarga. No es nostalgia, es la certeza de que sin instituciones fiables, el tejido social se resquebraja. Y aquí, en esta Galicia que mira al Atlántico, sabemos bien lo que cuesta reconstruir lo que se rompe.

El debate está servido. Mientras el juez Mateos sigue su curso procesal, los gallegos observan con lupa cada movimiento. La UCO tendrá que demostrar que su prestigio no es flor de un día, sino el fruto de un trabajo incansable. Y las instituciones, por su parte, deberán explicar con claridad si hubo o no injerencias. Porque, al final, lo que pide el común de los mortales es simple: que la ley se aplique igual para todos, sin distinción de apellidos ni de colores políticos. En eso, y no en otra cosa, consiste la verdadera seguranza.