La polémica saltó hace pocos días: varios medios recogían el caso de conductores de coches eléctricos que se encontraban carteles en parkings públicos indicando que sus vehículos no podían estacionar en plazas ordinarias. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha salido al quite y lo tiene claro: prohibir aparcar un eléctrico por ser eléctrico no tiene recorrido legal en un parking público. Y esta discusión, que parece lejana, nos toca de lleno en la terra.
¿Qué dice exactamente la OCU?
La organización de consumidores explica que las plazas reservadas para vehículos eléctricos en carga son una cosa, y las plazas ordinarias son otra muy distinta. Un parking público no puede vetar el acceso de un coche eléctrico a una plaza normal, igual que no lo haría con un diésel o gasolina. Ahora bien, la retranca funciona en ambos sentidos: un eléctrico sin estar cargando tampoco puede ocupar una plaza de recarga, algo que en Galicia ocurre con más frecuencia de la deseable.
La OCU recuerda además que los ayuntamientos pueden regular el uso de estas plazas mediante ordenanzas municipales, pero siempre dentro del marco de la Ley de Propiedad Horizontal y de la normativa de tráfico. Denunciar un abuso es posible, aunque el proceso resulte tedioso para el ciudadano de a pie.
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Lo cierto es que Galicia ha avanzado bastante en infraestructura de recarga. La Xunta, a través de su plan de movilidad eléctrica, ha desplegado una red de puntos de recarga pública que supera el millar de conectores repartidos por las cuatro provincias, con especial densidad en los corredores del AP-9 y la A-6. De hecho, la comunidad se sitúa por encima de la media estatal en puntos de recarga por habitante, según los datos que maneja la propia Administración autonómica.
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Ver planes de email →Pero hay un pero. La regulación del aparcamiento no depende de San Caetano, sino de los concellos. Y ahí el mapa se complica. Vigo, la ciudad más poblada de Galicia, ha ido ampliando progresivamente sus plazas con punto de recarga en la ORA, aunque su ordenanza no contempla vetos a los eléctricos en plazas ordinarias. A Coruña mantiene una situación similar, con una red creciente en el casco urbano y sanciones a quien aparque sin cargar en una plaza de recarga. Santiago, por su parte, ha apostado por reservas específicas en parkings disuasorios como el de Fontiñas.
«Ningún parking público puede discriminar a un vehículo por su tecnología. Lo que sí puede hacer el gestor es regular el uso de las plazas de recarga y sancionar a quien las bloquee», explican desde el sector de la movilidad en Galicia.
¿Y si el parking es privado?
Cabe recordar que la cosa cambia según quién gestione el aparcamiento. En una comunidad de vecinos, la instalación de puntos de recarga no puede ser vetada por la junta de propietarios: la ley lo ampara y solo exige comunicarlo. En un parking privado de pago, el gestor tiene más margen para establecer sus propias normas de uso, aunque juristas consultados coinciden en que un veto generalizado a los eléctricos podría rozar la vulneración del derecho de acceso a un servicio abierto al público.
El matiz importa, porque en las ciudades gallegas buena parte del estacionamiento rota funciona en rotación pública. Un conductor vigués que aparque su eléctrico en Sabela de Bugallal o un coruñés en Matadero tienen garantizado el mismo derecho que cualquier otro usuario. Ni más ni menos.
Lo que conviene saber antes de enchufarse
Para el lector gallego con un eléctrico en el garaje —o pensando en comprarse uno, que las ayudas de la Xunta siguen activas— hay tres ideas prácticas. Primera: en plaza ordinaria de parking público, nadie puede echarle. Segunda: en plaza de recarga sin cargar, la multa puede rondar los 90 euros en la mayoría de ordenanzas municipales gallegas, además de la grúa en algunos casos. Y tercera: las quejas contra carteles o normas abusivas se pueden canalizar directamente a través de la OCU o de las oficinas municipales de atención al consumidor.
El debate nacional, eso sí, dejará una consecuencia positiva en nuestra comunidad: obliga a revisar ordenanzas que en algunos concellos gallegos llevaban años sin tocar. Porque la movilidad eléctrica ya no es el futuro, es el presente, y las normas tienen que ponerse al día. En Galicia, donde la red de recarga crece cada trimestre, más vale que la regulación no se quede aparcada.
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