La Policía Nacional investiga la agresión grupal sufrida por una menor de 13 años el pasado viernes 6 de marzo en la plaza de Barcelos, en Pontevedra, después de que la familia presentara la denuncia el jueves 12 de marzo. Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, la pelea fue registrada en vídeo, material que ha permitido identificar a varios de los presuntos implicados, todos ellos menores de entre 12 y 14 años. La investigación, abierta por la Brigada de Extranjería y Fronteras y la unidad de menores correspondiente, busca esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades penales o medidas de protección. De momento no se ha informado de detenciones formales y las actuaciones apuntan a la toma de declaración de los implicados y al envío del caso a la Fiscalía.

El vídeo de la pelea, según las mismas fuentes, ha sido clave para identificar a quienes presuntamente participaron en la agresión. Este viernes la Policía está citando y tomando declaración a los menores señalados en las imágenes, con la intención de reunir todas las pruebas y remitir posteriormente el expediente a la Fiscalía de Menores. La investigación tratará de determinar la secuencia exacta de los hechos, la posible existencia de provocaciones previas y si hubo coordinación entre varias personas. Las diligencias incluirán la recopilación de testimonios, el análisis de los vídeos y los informes médicos aportados por la familia.

Fuentes consultadas indican que la agresión arrancó, supuestamente, con una confrontación entre dos niñas y derivó en un forcejeo en el que otras jóvenes se habrían sumado propinando patadas y tirones de pelo. La menor agredida acudió a un centro hospitalario para recibir asistencia y su familia adjuntó el parte de lesiones a la denuncia, junto con las grabaciones. El alcance de las lesiones no ha sido precisado por las autoridades, aunque el parte médico forma parte del expediente instruido por la Policía. Por respeto a la normativa sobre protección de menores, las autoridades no han facilitado detalles que permitan la identificación de las implicadas.

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La actuación policial se enmarca en los procedimientos habituales cuando están involucrados menores y, conforme al protocolo, la documentación recabada será remitida a la Fiscalía de Menores, que evaluará si procede la apertura de diligencias judiciales y qué medidas cautelares adoptar. Entre las respuestas posibles figuran el seguimiento especializado, medidas educativas o, en casos más graves, acciones judiciales contra las responsables. En estos casos la observancia de la legislación de protección al menor es prioritaria, tanto para salvaguardar los derechos de la víctima como los de las investigadas. La coordinación entre Policía y Fiscalía determinará los pasos siguientes en función de la gravedad acreditada por las pruebas.

El suceso ha reabierto el debate sobre la violencia entre escolares y el impacto de las redes sociales en la difusión de conflictos, puesto que la existencia de un vídeo facilitó por un lado la identificación de participantes y por otro plantea la cuestión de la viralización de imágenes sensibles. Familias y centros educativos han mostrado preocupación por la normalización de conductas agresivas entre adolescentes y por la facilidad con que se comparten grabaciones. Expertos en prevención escolar subrayan la necesidad de programas de convivencia y protocolos claros en colegios para detectar y atajar el acoso de forma temprana. Además, recuerdan la importancia de educar en el uso responsable de dispositivos y plataformas digitales.

La familia de la menor denunciante fue la que acudió a las dependencias policiales para entregar el material y formalizar la denuncia, tras tener conocimiento de los hechos y recabar las grabaciones. Según fuentes consultadas, no hubo inicialmente una denuncia inmediata el mismo día del incidente, algo que, de acuerdo con especialistas, puede deberse a la conmoción, el temor o a la necesidad de recabar pruebas que respalden la acusación. El retraso en la denuncia no impide la investigación, aunque complica la reconstrucción de algunos detalles cuando dependen únicamente de testimonios. La entrega del vídeo por parte de la familia facilitó la identificación de los presuntos participantes.

Por el momento no constan fuentes institucionales del Concello de Pontevedra ni del departamento autonómico de Educación que hayan hecho declaraciones públicas sobre el caso en el momento en que se conoce la noticia. Las autoridades municipales y educativas suelen activar protocolos internos cuando se detectan incidentes entre menores vinculados a centros escolares, pero en este expediente la investigación la está liderando la Policía Nacional. La Fiscalía valorará si solicita medidas de protección, interviene el sistema educativo o adopta otras acciones para garantizar la seguridad de la menor afectada.

Las próximas semanas serán clave para el avance del expediente: la Policía continuará tomando declaraciones y recopilando pruebas y la Fiscalía decidirá las medidas a adoptar en función de la información aportada. Mientras tanto, asociaciones y responsables educativos insisten en reforzar la prevención del acoso y en ofrecer apoyo psicológico a las víctimas y a las familias implicadas. El caso recuerda, una vez más, la necesidad de mecanismos eficaces para detectar, atajar y reparar la violencia entre menores en el entorno escolar y familiar.