La Fiscalía provincial de Córdoba ha respaldado las limitaciones impuestas por el juzgado a las obras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en la llamada zona cero de Adamuz, al estimar que no puede descartarse la necesidad de practicar diligencias judiciales en el terreno donde ocurrió el accidente ferroviario del 18 de enero. El fiscal delegado en Montoro ha subrayado la conveniencia de que cualquier actuación que altere materialmente la infraestructura sea comunicada con antelación al órgano judicial. La providencia, fechada el 12 de marzo, busca preservar posibles indicios que puedan ser relevantes para la causa que investiga la tragedia que dejó 46 víctimas mortales y alrededor de un centenar de heridos.

Según el informe remitido al juzgado, es preciso que la titular de la plaza 2 de Instrucción de Montoro disponga de información actualizada sobre cualquier intervención en el tramo afectado para garantizar que la investigación pueda llevar a cabo diligencias en el lugar si así se requiere. Alejandro Izuel, fiscal delegado en Montoro, señala expresamente que esa necesidad de control y comunicación no debe entenderse como una paralización absoluta de los trabajos, sino como una condición para que los técnicos puedan actuar sin menoscabo de las posibilidades de investigación judicial. La Fiscalía insiste en que la coordinación entre las labores de restauración y las exigencias de la instrucción es imprescindible.

La magistrada instructora recoge el criterio fiscal en una providencia dirigida a Adif en la que aclara los límites a los que deben ceñirse las actuaciones en Adamuz y solicita medidas de coordinación y aviso previo. Cristina Pastor, titular de la plaza 2 de Instrucción de Montoro, remite en su resolución al informe del Ministerio Fiscal para fijar un marco de trabajo que preserve la cadena de custodia de pruebas y garantice la posibilidad de inspecciones posteriores. La providencia pretende equilibrar la urgencia de restituir la circulación ferroviaria con el derecho a una investigación exhaustiva del siniestro.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Adif había planteado inicialmente que el control judicial se circunscribiera al tramo entre los puntos kilométricos 317+585 y 318+785 de la línea 010, en ambas vías, donde la entidad ha venido realizando labores técnicas para restablecer el servicio. Sin embargo, Fiscalía y Juzgado consideran que la extensión afectada debe ser más amplia y prudente, y fijan la obligación de comunicación para intervenciones comprendidas entre el punto 321+098 y el 315+974. La decisión se apoya en la consideración de que la rotura de la soldadura que pudo desencadenar el siniestro estaría, presumiblemente, en el punto kilométrico 318+681.

La instrucción exige que Adif notifique con antelación suficiente cualquier actuación sobre la infraestructura que suponga una alteración material, de modo que los responsables judiciales puedan valorar la necesidad de practicar inspecciones, levantamientos topográficos, pruebas o cualquier otra diligencia que requiera conservar el estado original del terreno. El objetivo declarado es evitar la pérdida de indicios que pudieran esclarecer las circunstancias del accidente y, en su caso, las responsabilidades. La medida implica una supervisión más estrecha de las tareas que se desarrollen en la franja señalada.

En el contexto procesal, el juzgado también ha reclamado aclaraciones a Adif sobre la posibilidad de que se hubieran realizado intervenciones sin autorización el pasado 3 de marzo, una cuestión que añade presión sobre la gestión de la restauración de la infraestructura. La diligencia responde a la necesidad de garantizar que todas las actuaciones relevantes para la investigación se hayan llevado a cabo con el correspondiente conocimiento judicial o, en su defecto, que se pueda documentar y subsanar cualquier falta procedimental. La coordinación entre las partes será clave en las próximas semanas.

Paralelamente a las decisiones procesales, los equipos técnicos han continuado con trabajos destinados a restablecer la operatividad de la línea, en tanto que los peritos y la policía judicial siguen recabando informes y analizando las hipótesis sobre el fallo estructural, entre las que figura la rotura de una soldadura. Las autoridades han destacado en distintos comunicados la complejidad técnica de los trabajos y la necesidad de compatibilizar la reparación con la preservación de elementos que puedan ser objeto de prueba. La investigación criminal continúa abierta y bajo la supervisión del juzgado de Montoro.

De ahora en adelante, la fiscalía y la instrucción mantienen la puerta abierta a la práctica de nuevas diligencias in situ si emergen indicios que lo hagan necesario, lo que puede implicar la ampliación de las medidas de protección del área y la imposición de nuevas limitaciones a las intervenciones. El reto para la administración ferroviaria y para la Justicia será compaginar la restitución del servicio con la conservación del entorno probatorio, en un procedimiento que sigue sumando actuaciones administrativas y judiciales mientras familias y vecinos esperan respuestas sobre lo ocurrido.