Juez desmonta argumentos en caso político clave

Un auto judicial ha puesto en cuestión la coherencia de la defensa presentada por un exalto cargo nacional. La resolución, conocida en las últimas horas, desata un debate sobre la solidez de las explicaciones dadas en un asunto que sacude la política gallega desde hace meses.

El documento judicial no deja fisura en su análisis. Desarma punto por punto los argumentos esgrimidos durante meses. Cada alegato, cada justificación, cada recurso técnico: todos han sido examinados bajo una lupa que no perdona incoherencias.

Un fallo que no deja lugar a dudas

El juez no se limita a rechazar la defensa. La desmonta. Con argumentos jurídicos sólidos, desgrana una a una las pretensiones de la parte investigada. No basta con decir que no había conocimiento. No sirve alegar desconexión administrativa. No cuela la excusa del mero trámite burocrático.

El auto señala que hubo intervención directa en decisiones clave. Que se ignoraron advertencias técnicas. Que se priorizaron intereses particulares sobre el interés general. Y todo ello, sostiene el juzgado, con un patrón de actuación que no puede calificarse de casual.

Quien haya seguido el caso sabe que el meollo está en la gestión de contratos públicos en una comarca sensible del interior. A nadie se le escapa que allí se decidieron millones de euros en inversiones escasamente justificadas. Contratos adjudicados sin concurso, obras sin proyecto, pagos por servicios inexistentes.

Lo cierto es que el auto no inventa pruebas. Se limita a leer en voz alta lo que otros prefirieron pasar por alto. Y en esa lectura, emergen preguntas incómodas: ¿cómo pudo aprobarse una partida de 1,3 millones en una concejalía sin competencia real? ¿Por qué se ignoró el informe negativo de Intervención? ¿Quién dio la orden final?

La trama de las sociedades opacas

El auto también ahonda en una red de sociedades instrumentales. Empresas con sede en una oficina virtual de Lugo. Administradores únicos que no saben de qué van los negocios que supuestamente gestionan. Facturas cruzadas entre sociedades sin actividad real. Y, en el centro, un entramado que recibe fondos públicos con una facilidad sospechosa.

Conviene recordar que este tipo de estructuras ya han sido señaladas en otras investigaciones similares en Ourense o Pontevedra. No es nuevo. Pero lo que sorprende es la persistencia con la que se repiten, como si cada caso fuera un capítulo de la misma historia.

No es menor el dato: más del 70% de los contratos investigados pasaron por empresas con menos de un año de antigüedad. Empresas que aparecieron, facturaron y desaparecieron. Sin empleados, sin oficinas, sin rastro. Pero con acceso privilegiado a licitaciones municipales.

Fuentes judiciales consultadas destacan que el patrón es claro: se crea una empresa, se adjudica un contrato mediante procedimiento de urgencia, se pagan facturas sin justificar, y luego se disuelve la sociedad. Un ciclo corto, limpio, eficaz. Demasiado eficaz.

¿Qué pasa ahora con los fondos europeos?

El caso llega en mal momento para las instituciones locales. Galicia prepara la llegada de decenas de millones en fondos europeos para modernización urbana, digitalización y transición ecológica. Y todo bajo un escrutinio sin precedentes.

Basta con mirar lo que ocurrió en otras comunidades: proyectos paralizados, ayuntamientos bajo supervisión, auditorías sorpresa. La Comisión Europea no está dispuesta a que los fondos caigan en circuitos opacos.

Un responsable del sector público local reconoce en privado que “esto complica todo”. “No se trata ya de un caso aislado. Se trata de credibilidad. Y ahora, con este auto, la confianza está más baja que nunca”.

La cifra habla por sí sola: desde 2022, más de 15 ayuntamientos gallegos han sido objeto de inspecciones por irregularidades en contratación. Y la mayoría, en zonas rurales con alta dependencia de subvenciones.