Un juez español investiga una trama de blanqueo de capitales en la que habrían participado un alto cargo gallego y un familiar directo del presidente de Venezuela. Las pesquisas apuntan a un entramado de sociedades instrumentales creadas ad hoc, con documentación falsa y operaciones financieras opacas que movieron millones entre Europa y América.
La investigación, que avanza con sumo cuidado en los tribunales, revela cómo ciertos mecanismos jurídicos legales pueden convertirse en herramientas para ocultar patrimonios de origen dudoso. A nadie se le escapa que, detrás de nombres empresariales anodinos, a menudo se esconden intereses poderosos.
Red de empresas sin actividad real
Fuentes judiciales indican que al menos seis sociedades radicadas en España, tres de ellas constituidas en municipios de la provincia de A Coruña, no desarrollaron actividad económica alguna. No facturaron, no declararon empleados, no presentaron contratos de alquiler reales. Sin embargo, movieron sumas millonarias en cuentas bancarias bajo la apariencia de operaciones comerciales.
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Conoce más →Los registros mercantiles muestran que algunas de estas compañías utilizaron domicilios en calles periféricas de Arteixo y Oleiros, direcciones que coinciden con gestorías o inmuebles comerciales compartidos por decenas de firmas. Un modelo habitual en estructuras de fachada. La documentación aportada para su constitución incluía firmas presuntamente falsificadas y certificados de residencia expedidos en jurisdicciones con escaso control.
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Ver planes de hosting →Lo más llamativo no es el uso de estas sociedades, sino la velocidad y coordinación con la que se montó la red. En menos de ocho meses se crearon, dotaron de capital y desactivaron varias de ellas. Demasiado tiempo. Demasiado dinero.
Vínculos con Venezuela y paraísos fiscales
La trama no se queda en Galicia. Las cuentas investigadas recibieron transferencias desde Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong. Algunas de esas remesas provenían de sociedades vinculadas a intereses del régimen venezolano, según datos aportados por fuentes del Ministerio Público.
Conviene recordar que, desde 2017, la Unión Europea incluyó a varios familiares del presidente de Venezuela en listas de sanciones por corrupción y violaciones de derechos humanos. Uno de esos nombres coincide con el de una persona investigada en este caso, aunque las autoridades españolas evitan confirmarlo directamente.
La ruta del dinero siguió un patrón clásico: ingreso en paraísos, transferencia a cuentas en España bajo falsos contratos de importación, y posterior inversión en activos inmobiliarios en zonas de alto valor, como el litoral de la ría de Arousa o ciertas urbanizaciones de lujo en Marbella. Basta con mirar los registros de propiedad para encontrar indicios: chalets comprados al contado, sin hipotecas, a nombre de terceros.
El papel de los profesionales del asesoramiento
Quien crea una empresa en España no necesita justificar el origen del capital inicial. Ese vacío legal es aprovechado una y otra vez. Y en este caso, no fueron actores aislados. Intervinieron gestores, notarios y abogados que, bajo la apariencia de normalidad, facilitaron la creación de estructuras opacas.
Un responsable del Colegio de Abogados de Santiago reconoció en una comparecencia reciente que “no siempre es posible detectar el verdadero beneficiario final, sobre todo cuando se usan testaferros y sociedades pantalla”. No es menor el dato: algunos de los profesionales implicados ya habían sido investigados en otros casos de corrupción relacionados con fondos venezolanos.
Lo cierto es que Galicia, por su geografía, su red portuaria y su tejido empresarial con fuerte tradición comercial, ha sido históricamente un punto de entrada para flujos financieros complejos. Ahí está la clave. No se trata de criminalizar al sector, pero sí de exigir mayor transparencia en los procesos de constitución.
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