Juicio por la trama de las mascarillas: qué implica para Galicia y sus contratos públicos

El escándalo de las mascarillas sacude la confianza en los contratos públicos

La noticia lleva días ocupando titulares en toda España: el juicio por la trama de las mascarillas, en el que está implicada la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha reabierto una vieja herida sobre la transparencia y la gestión del dinero público. La investigación, que gira en torno a presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia, pone en tela de juicio el sistema de adjudicación de contratos exprés, un modelo que también se aplicó en Galicia. Ahora bien, ¿qué eco tiene este caso en nuestra terra y hasta qué punto puede afectar a la confianza en la contratación pública gallega?

Empresas gallegas y contratos bajo la lupa

Durante la pandemia, la Xunta de Galicia recurrió a decenas de empresas para abastecerse de mascarillas y otros materiales de protección. Según los datos oficiales, más de 300 contratos de emergencia fueron adjudicados entre 2020 y 2021, por un valor total que superó los 90 millones de euros. La mayoría de estos contratos se cerraron en cuestión de días, sin concurso público ni apenas margen para la competencia empresarial. De hecho, en algunos casos, las adjudicatarias apenas tenían experiencia previa en el sector sanitario.

En el caso gallego, la Consellería de Sanidade ha defendido siempre la legalidad y necesidad de estos procedimientos, apelando a la urgencia del momento. Sin embargo, la aparición de la trama nacional ha provocado una revisión interna: varias organizaciones sindicales han pedido acceso a los expedientes completos, y el Parlamento gallego ha recibido preguntas de la oposición sobre los criterios de selección de las empresas. Lo cierto es que, hasta la fecha, no se han detectado irregularidades graves en los contratos gallegos, aunque algunos expertos reclaman mayor transparencia y control a posteriori.

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«La pandemia no puede ser excusa para relajar el control de los fondos públicos. La ciudadanía gallega merece saber a quién y cómo se adjudican estos millones», afirma un portavoz de la Comisión de Transparencia del Parlamento de Galicia.

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El debate político y la retranca gallega

El juicio ha servido como munición política para los partidos gallegos, que no han dudado en sacar pecho o criticar, según el lado del escaño que ocupen. El Partido Popular gallego recuerda que la Xunta fue “pionera” en la compra de material de calidad, mientras el BNG y el PSdeG insisten en la necesidad de revisar todos los contratos de emergencia, no solo por posible corrupción, sino por la falta de controles y la opacidad. En medio de esta batalla, la morriña por una administración «a la gallega», más próxima y menos dada a escándalos, vuelve a aflorar en la conversación pública.

En la calle, la retranca no falta: “Al final, todo acaba en Madrid, pero los que pagamos el pato somos los de aquí”, comenta un vecino de Lugo en una conversación improvisada a pie de mercado. Aunque pueda sonar a tópico, hay un fondo de verdad en ese sentir gallego: según el último barómetro del CIS autonómico, un 62 % de los gallegos desconfía de la transparencia en la contratación pública, una cifra que ha crecido cinco puntos desde 2021, tras los primeros escándalos nacionales relacionados con las mascarillas.

¿Qué lecciones quedan para Galicia?

El caso Pardo de Vera coloca a Galicia frente al espejo. Si bien la comunidad no ha protagonizado titulares por grandes escándalos en la compra de mascarillas, la sombra de la duda planea sobre los mecanismos de control y la necesaria rendición de cuentas. El Tribunal de Cuentas ya anunció el año pasado una revisión de los contratos de emergencia en todas las comunidades, incluida la nuestra, y algunos ayuntamientos gallegos han iniciado auditorías internas para evitar sustos en el futuro.

La clave, según varios expertos consultados, está en fortalecer la fiscalización a posteriori, publicar todos los expedientes de forma accesible y garantizar que la excepcionalidad no se convierta en costumbre. Porque, si algo ha enseñado esta crisis, es que la confianza ciudadana cuesta mucho ganarla y muy poco perderla. Y en Galicia, donde la morriña y la retranca conviven con un espíritu crítico, ese es un capital que no conviene malgastar.