El Partido Popular de Muras ha presentado una denuncia contra el regidor municipal, Manuel Requeijo (BNG), por un presunto delito de prevaricación continuada. El origen del conflicto está en los pagos realizados a dos despachos de abogados durante la última década. Los populares sostienen que el Concello habría abonado más de 387.000 euros en servicios jurídicos, superando los límites establecidos para los contratos menores.
La denuncia fue registrada hace unos días por la portavoz del PP en el municipio chairego. El escrito apunta a que, desde 2015 —coincidiendo con la llegada del BNG al gobierno local—, se habrían realizado pagos a dos sociedades profesionales de abogados: Stellgus S.L. y Leseo Bufete Legal SCP. Según los populares, ambas firmas estarían vinculadas entre sí.
Vinculaciones entre los despachos y un diputado del BNG
La conexión entre ambas sociedades, según la denuncia, se sustenta en la figura de la abogada Montserrat Calvo Ríos. En Stellgus S.L. figura como administradora, mientras que en Leseo Bufete Legal SCP aparece como socia. No es menor el dato de que una de estas firmas de asesoramiento jurídico estaría vinculada, según el PP, con un letrado que es exteniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Corcubión, además de diputado del Parlamento de Galicia desde 2024 por el BNG.
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Conoce más →Los populares entienden que esta relación podría tener relevancia penal. La clave está en que, durante diez años, el Concello habría fragmentado contratos para eludir los límites legales del contrato menor. La cifra total, 387.805 euros, habla por sí sola. Demasiado tiempo y demasiado dinero para un procedimiento que, según la normativa, debería estar acotado.
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La denuncia del PP describe una práctica que, de confirmarse, supondría una vulneración sistemática de la legislación de contratos del sector público. Los contratos menores tienen límites cuantitativos claros: para servicios, el tope está en 15.000 euros. Superar esa cantidad de forma reiterada, o fraccionar un servicio único en varias facturas para no rebasar el límite, es lo que la ley considera prevaricación.
En el caso de Muras, los populares aseguran que los pagos se realizaron de manera continuada durante diez años. El Concello habría recurrido a estos dos despachos de forma recurrente, sin pasar por un procedimiento de licitación abierta. La pregunta que flota en el ambiente es obvia: ¿por qué no se convocó un concurso público para un servicio que, por su volumen económico, lo requería?
La respuesta, según el PP, está en la vinculación política de los abogados con el BNG. Una conexión que, a su juicio, explicaría la falta de transparencia en la contratación. Los populares sostienen que el alcalde conocía los límites legales y, aun así, optó por fraccionar los encargos para evitar el control administrativo.
Un municipio pequeño, una factura millonaria
Muras es un concello de la comarca da Chaira, con poco más de 600 habitantes censados. En un pueblo de estas dimensiones, una factura de 387.000 euros en servicios jurídicos en diez años resulta llamativa. Sobre todo si se tiene en cuenta que el presupuesto municipal no es precisamente holgado.
No es la primera vez que la gestión del alcalde Manuel Requeijo genera polémica. El regidor ha sido noticia en los últimos años por otros asuntos, como el acuerdo millonario con Iberdrola por los parques eólicos. Aquel pacto convertía a Muras en un referente en la provincia por los ingresos que generaba la energía del viento. Ahora, sin embargo, el foco está en los gastos, no en los ingresos.
La denuncia del PP llega en un momento delicado para el gobierno local. La oposición municipal lleva tiempo señalando la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos. Y este nuevo episodio no hace sino avivar las críticas.
El procedimiento judicial, en fase inicial
La
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